La Defensoría del Pueblo expresó, nuevamente y mediante un nuevo comunicado, su condena por la violencia registrada la jornada de este jueves producto del enfrentamiento entre miembros de la Asociación de Productores de Hoja de Coca de La Paz (Adepcoca) que ha dejado cinco civiles y un policía heridos, 33 personas arrestadas y la afectación con gas lacrimógeno a niños que se encontraban en sus domicilios.

“Personal de la Defensoría del Pueblo se encuentra desplegado en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde se encontraban 33 personas arrestadas, 24 varones y nueve mujeres, una de ellas con un bebé de tres meses que fue liberada. También se visita los centros de salud donde se encuentran los heridos.”, informó la Defensoría.

La institución defensorial, asimismo, condenó el uso indiscriminado de dinamitas y otros objetos contundentes por parte de los cocaleros y recordó que existe un límite entre la protesta social y el vandalismo, “pues se ha verificado que se han causado daños materiales en un módulo policial, en el Hospital San Francisco de Asís, además de 10 casas afectadas por el impacto de piedras”.

“Estos hechos deben ser investigados por el Ministerio Público para identificar a los responsables de los actos ilícitos”, señala el texto.

Asimismo, la Defensoría exhortó a la Policía Boliviana a que su intervención esté enmarcada en los estándares internaciones de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, para evitar la afectación a la población que no está involucrada en la protesta.

“Frente al conflicto prolongado que protagonizan dos sectores cocaleros y los hechos violentos registrados en los últimos días, la Defensoría del Pueblo llama al cese inmediato de la violencia y exhorta a los sectores movilizados a ejercer su derecho a la protesta en el marco del respeto a ley”, finaliza el comunicado de la Defensoría.

Los enfrentamientos comenzaron al mediodía de este jueves, cuando una marcha de cocaleros afines al dirigente Armin Lluta intentaron recuperar la sede de Adepcoca, que a la fecha está en poder de Arnold Alanes, el dirigente que cuenta con el aval del Gobierno.