El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, lamentó la decisión judicial de otorgar detención domiciliaria a dos cabecillas de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), dijo que no se permitirá su rearticulación y señaló que está en curso una investigación sobre los financiadores de ese grupo parapolicial.

La autoridad, entrevistada por medios estatales, dijo que la RJC fue el brazo armado del presunto golpe de Estado de 2019 y fue responsable de hechos de violencia, agresiones, golpizas, persecuciones a indígenas que se movilizaron contra el régimen de facto.

“Lamento mucho que no se haga una buena valoración dentro del sistema penal”, dijo Cox, quien añadió que “nos deja mucho que pensar que un juez cautelar, de la forma más irresponsable, se olvide de todo lo que han degenerado en la sociedad (la RJC)” y el racismo y violencia con la que actuaron.

“Una de sus víctimas hasta perdió un ojo. Ellos desplegaron amedrentamiento constante, eran dueños de la ciudad”, agregó.

La autoridad, en cumplimiento a recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), indicó que no se permitirá la rearticulación de esa organización criminal y que en la actualidad se realizan investigaciones respecto a los financiadores de ese tipo de agrupaciones ilícitas.

Cox, en ese sentido, también denunció que la RJC se convirtió en el brazo armado parapolicial y paramilitar de Arturo Murillo y Jeanine Áñez.

Por otro lado, indicó que las unidades de investigación policial tienen individualizados al menos a 20 uniformados que se amotinaron en 2019 en franca vulneración a las normas legales vigentes.