El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó hoy que una pericia técnica concluyó que los 170 respiradores españoles - marca “RESPIRA DEVICE”-  adquiridos por el Estado Boliviano, durante el Gobierno de Jeanine Añez, tienen muchas limitaciones técnicas y no puede ser utilizado en Cuidados Intensivos de servicio, incluyendo casos de Covid – 19.

“El Ministerio Público en estricto cumplimiento a la labor constitucional de defensa de los intereses de la sociedad, dentro del caso denominado “Respiradores Españoles” suscitado en la gestión 2020, viene desarrollando una labor exhaustiva de investigación que permita identificar a los responsables del manejo irregular del erario público de beneficiarse y lucrar con el sufrimiento del pueblo boliviano”, sostuvo Quispe.

El Secretario General señaló que entre las limitaciones técnicas identificadas en la pericia a los respiradores “Respira Device” está:

1. No cuentan con modos ventilatorios
2. No tiene ajuste o la opción trigger (sensibilidad de disparo), una característica muy importante para que el ventilador detecte varios esfuerzos inspiratorios realizados por el paciente a efectos de que el médico terapista pueda pasarlo a otro modo ventilatorio como fase de destete
3. No tiene visualización de medición de FIO2 (porcentaje de medición de oxígeno), aspecto fundamental para pacientes críticos
4. Tampoco cuenta con Blender o mezclador de oxígeno/aire comprimido medicinal, entre otros aspectos.

“En cuanto a los accesorios del equipo principal, la falta del sensor de FIO2 externo y del mezclador de oxígeno hace disfuncional a este ventilador pulmonar.  Por ello, ante la inexistencia de estas características elementales, el Respirador Respira Device no puede ser utilizado técnicamente en Unidades de Cuidados Intensivos de servicio Covid - 19 o no Covid”, aseguró Quispe.

Asimismo, la autoridad del Ministerio Público dio a conocer que en el marco de las investigaciones del caso, se tiene concluido un Dictamen Pericial en Auditoria Forense que establece la existencia del daño económico de Bs. 15.495.230,00, "que se ha generado en desmedro del TNG y la salud de todos".