El Ministerio Público restó validez a la auditoría electoral realizada en Bolivia por la Organización de Estados Americanos (OEA) el 2019 – en la que halló ‘irregularidades’ y provocó su anulación- y justificó la validez del informe de la Fundación General de la Universidad de Salamanca – España, que concluyó que no hubo manipulación en los mencionados comicios.

En contacto con radio Panamericana, el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, restó validez a la auditoría de la OEA porque, dijo, no cumple los estándares respectivos para ese proceso.

“El informe de la OEA es un informe realizado por el conjunto de observadores, no es un informe de auditoría, porque las auditorías merced de nuestra normativa o estándar de auditoría, debe realizarse al conjunto o al resultado final de un proceso o procedimiento, en otras palabras, la OEA se ha pronunciado sobre el producto que estaba en el horno”, declaró Quispe.

“No cumple estándares para considerarse una auditoría que pueda ser oponible frente a terceros. Existe normativa incluso de la Contraloría con mecanismos básicos para considerar auditoría, una opinión técnica respecto a algo que se consulta. El producto tiene que ser algo final, acabado, sobre eso sí se puede hacer auditoría, porque se puede contrastar con un marco normativo y procedimental que debería cumplir este determinado resultado que se me pone a consideración. Esto no ha sido cumplido porque la OEA se pronuncia con relación a un resultado no terminado, aún estábamos en proceso de consolidación del cómputo final”, añadió.

En ese sentido, la autoridad del Ministerio Público informó que la Fiscalía buscó peritos para hacer este estudio en Bolivia, pero no los halló por falta de respaldo en equipamiento y experiencia. Por ese motivo recurrió a expertos de otros países, vía cooperación, pero tampoco se obtuvo resultados positivos para realizar el trabajo de investigación informática. A raíz de esa situación se decidió licitar mediante convocatoria e invitación.

Quispe también dijo que desconoce la formación académica de las personas que realizaron el informe de auditoría de la OEA, en cambio, dijo que la consultora española tiene como jefe a Juan Manuel Corchado, una alta autoridad en el ámbito de la informática.

Por su parte, el director de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, Aldrin Barrientos, afirmó que con el informe enviado desde España no se niegan las irregularidades detectadas por la OEA, pero se establece que no hubo manipulación de datos. 

“Hay muchos aspectos que han derivado del informe que presentó en ese momento la OEA, a través de sus especialistas, que han establecido la existencia de ciertas irregularidades al momento del desarrollo del proceso electoral, irregularidades  en el manejo de los servidores y también de los datos que se han utilizado dentro del cómputo oficial. Esa situación no ha sido desmentida por parte del informe pericial que nosotros tenemos, sin embargo, es importante dejar en claro que la conclusión general a la que llega el grupo de peritos que se ha destinado dentro de este caso ha establecido que, si bien se advierte la existencia de irregularidades, no ha existido ningún tipo de manipulación de datos”, enfatizó Barrientos en contacto con Erbol.

También mencionó que la pericia establece una correspondencia de 99% entre los datos del sistema preliminar TREP y el cómputo oficial.

Barrientos aseveró que el informe enviado de España es de 230 hojas de trabajo y de tres meses de análisis. Destacó que la labor fue encabezada por Manuel Corchado, que tiene doctorado en Informática e Inteligencia Artificial.

La mañana de este martes, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que se determinó cerrar el caso fraude electoral del 2019, puesto que una pericia informática internacional demostró que no existió manipulación de datos en el proceso electoral, aunque señaló que hubo “negligencias”.

“Con base en todos estos indicios recolectados en la etapa investigativa y principalmente el contenido de la pericia de seguridad informática y administración de redes, en estricta observancia de los principios de objetividad e imparcialidad que rigen la función fiscal, se emitió el requerimiento conclusivo de sobreseimiento al determinar que el hecho investigado no constituye delito conforme dispone el artículo 323 inciso 3 del Código de Procedimiento Penal, determinación que ha sido puesta en conocimiento de la autoridad jurisdiccional”, dijo Lanchipa.

En conferencia de prensa, el Fiscal General afirmó que de acuerdo al resultado de la “Pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes” sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019, encargada por el Ministerio Público al “Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE” de la Fundación General de la Universidad de Salamanca – España,  se demostró la inexistencia de manipulación en el proceso electoral.

“El informe pericial del proceso electoral determinó que se produjeron negligencias por parte de la empresa NEOTEC, encargada del sistema TREP; sin embargo, se ha demostrado la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de octubre del 2019. También demostró que los sistemas y las bases de datos del TREP y del Cómputo Oficial, en su funcionamiento y flujos de procesos, son completamente independientes”, señaló Lanchipa.