La reforma a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz contempla sancionar a la retardación de la justicia con la privación de libertad de los responsables, informó este lunes el Ministerio de Justicia.

“No es posible reformar la justicia sin revertir la retardación. La reforma a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz contempla sanciones para dilaciones injustificadas que privan del acceso a la justicia a litigantes y abogados. La interoperabilidad es una solución a este mal endémico”, señaló el respecto el titular de esa cartera de Estado, Iván Lima.

Según información del Ministerio, la reforma de la norma, en uno de sus artículos, señala que se sancionará a los administradores de justicia que incurran en mora procesal y retardación de justicia injustificada, con hasta seis años de privación de libertad.

"La jueza, juez, fiscal, servidora o servidor público que, administrando justicia y después de haber sido requerido por las partes y de vencidos los términos legales, injustificadamente, retarde el cumplimiento de actos propios de su función, en los plazos previstos en leyes procedimentales, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación", señala la Ley que deberá ser analizada por la Asamblea Legislatova.

Fortalecer la lucha contra la corrupción

El Ministerio de Justicia presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el anteproyecto de la Ley de fortalecimiento para la lucha contra la corrupción que reforma la Ley 004 “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.

Lima  enfatizó que la política definida por el gobierno del presidente Luis Arce es de cero tolerancia a la corrupción, y que, al haberse identificado una serie de falencias, es preciso modificar varios aspectos de esta importante normativa.

“El cero tolerancia a la corrupción no puede nunca ser incompatible con el debido proceso, y para eso trabajamos un proyecto de ley que ya ha sido aprobado por la Comisión de Justicia Plural y va ser tratado en nuestra Asamblea Legislativa esta semana que iniciamos”, manifestó Lima. 

La autoridad explicó que el anteproyecto de Ley de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Corrupción surgió por determinación del Consejo de Lucha Contra la Corrupción con el objetivo de fortalecer los mecanismos y procedimientos establecidos en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal destinados a investigar, procesar y sancionar los actos vinculados al delito de corrupción.

"Tenemos, en este momento, una serie de acciones de auditoría, de transparencia y penales. En ese trabajo el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción que presido, identificó problemas en la Ley “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, ya son 10 años de vigencia que esta ley ha tenido avances significativos, pero también hemos visto que la corrupción ha empezado a generar nuevos mecanismos”, señaló.

Refirió que además de responder a esos mecanismos que dejan impunes a las cabezas de organizaciones criminales, también se debe racionalizar la ley y crear sanciones que correspondan con justicia a cada delito.

En ese sentido, el proyecto de Ley amplificaría el alcance de la inhabilitación en casos de servicio público, a imprescriptiblilidad de casos, modificación a los tipos penales, y la incorporación de la figura de colaboración eficaz como instrumento para la obtención de información, y la figura de la disponibilidad de la acción penal como mecanismos alternativos de solución al conflicto penal, para la recuperación del daño económico al Estado.

Asimismo, la ley plantea sanciones ejemplares en casos de delitos de corrupción que causen grave daño económico al Estado y delitos de lesa humanidad.

En ese sentido, Lima afirmó que la Ley permitirá garantizar que se sancione a los responsables del “Golpe de Estado” del 2019 y los actos de corrupción durante el Gobierno de Jeanine Añez.

 “En el país vamos a tener juicios a Arturo Murillo, a Fernando López y a todos los que le han robado al país y han cometido crímenes de lesa humanidad en el estándar del debido proceso. Esta ley va a ajustar el problema que teníamos de la Ley Marcelo Quiroga y en el estándar del debido proceso interamericano nos va permitir que no exista impunidad”, afirmó

“Esperemos que esta ley que va a tratar en la ALP la próxima semana, nos permita de inmediato, juzgar a quienes han violado los Derechos Humanos y le han robado al pueblo boliviano”, agregó el Ministro.