El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne anunció este martes los cinco ejes de la política nacional de atención a más de un millón de personas adultas mayores del país, para el cumplimiento y respeto de sus derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y los convenios internacionales.

“Es muy importante para nosotros este sector y es en esta fecha en la que tenemos que asumir compromisos y el próximo 15 de junio (de 2022) verificar el cumplimiento de los mismos”,  señaló el titular de Justicia, a propósito del Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, que se recuerda cada 15 de junio a partir de la Resolución 66/127 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En un encuentro realizado con representantes del sector, el Ministro indicó que los cinco ejes de la política nacional que se implementarán en el plazo de un año, tienen relación con el fortalecimiento del trato preferente y la atención digna; la protección a adultos mayores de centros de acogida de larga estadía; el desarrollo de la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en el país; la implementación de la agenda subnacional; y los mecanismos de acceso a la identidad.

El primer eje, tiene relación a las capacitaciones que se brindará a los servidores públicos con el apoyo de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) para el fortalecimiento del trato preferente y la atención digna dirigida a todas las personas adultas mayores del país.

“Dónde no les están atendiendo, dónde les están atendiendo mal, dónde no les están dando la atención debida, es algo que ustedes (adultos mayores) nos tienen que decir y hay que formar en esa línea a los servidores públicos. El trato preferente y la atención digna es un derecho de ustedes, y vamos a trabajar con ustedes estos cursos y con la EGPP”, sostuvo.

El segundo eje tiene que ver con la protección a las personas adultas mayores que residen en centros de acogida de larga estadía, a través del establecimiento de protocolos, guías y estándares mínimos de atención y la acreditación de los centros que cuenten con todas las condiciones y logren brindar atención de calidad y calidez.

“No podemos estar reaccionando cuando se produce un problema, cuando se da un maltrato o un abuso, tienen que haber centros acreditados. No podemos seguir a ciegas, necesitamos datos, necesitamos saber cómo se les está atendiendo en los centros de acogida de larga estadía”, indicó. 

El tercer eje es el desarrollo normativo de la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Al respecto, la autoridad manifestó que hay varios temas que se deben discutir y poner en vigencia, para el respeto de la dignidad plena de este sector.

El cuarto eje, tiene relación a la implementación de la agenda subnacional para la atención y protección de los derechos de las personas adultas mayores a través de acciones coordinadas con los gobiernos autónomos departamentales y municipales.

Como ejemplo, señaló que las brigadas móviles activadas a raíz de la pandemia por coronavirus, deberían funcionar permanentemente en el marco de la distribución del suplemento alimenticio Carmelo, el pago de la renta Dignidad, y la atención móvil del Servicio de Registro Cívico y del Servicio General de Identificación Personal, entre otras acciones y políticas públicas que deberán ser coordinadas por los tres niveles de gobierno.

El quinto eje se refiere al acceso al derecho de contar con una identificación personal y la protección de la misma al momento de realizar trámites y otros, debido al incremento de los delitos relacionados al despojo de bienes, del que son víctimas las personas adultas mayores.

Entre noviembre de 2020 y mayo de 2021, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a través de Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (SIJPLU) atendió 158 procesos y denuncias de parte de personas adultos mayores por diversas razones.

De esa cantidad, se registran 30 denuncias por incumplimiento a la asistencia familiar; 96 por violencia familiar o doméstica; dos pos lesiones graves y leves; dos feminicidios a adultas mayores; un homicidio culposo, y 27 solicitudes para evaluaciones psicológicas, tras maltratos y agresiones.

De esas denuncias, el 46% fueron registradas en La Paz; 18% en Oruro; 13% en Santa Cruz; 10% en Cochabamba; 5% en Chuquisaca; 4% en Potosí; 3% en Beni; 1% en Tarija, y no se reportaron denuncias en Pando. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó en 2018 que las cifras estimadas para el maltrato psicológico son de un 33,4%, un 14,1% para el físico, 13,8% el económico, 11,6% la negligencia y el 1,9% el maltrato sexual contra personas de la tercera edad.

De acuerdo a las Naciones Unidas, la población adulta mayor va en aumento y en ese marco la problemática del maltrato a las personas de este sector debe dejar de ser un tema oculto, para ser afrontado con políticas públicas y normativas encaminadas a la prevención, protección y atención integral.