A través de un comunicado, el bufete Alliance Abogados Asociados, dirigido por el exprocurador Pablo Menacho, confirmó que se adjudicó un contrato por más de Bs 2,5 millones por “servicios jurídicos para defensa arbitral” del Estado en el caso Jindal Steel.

En el texto, el bufete de abogados defiende la legalidad del contrato y aclara su socio, el exministro Héctor Arce, pidió licencia del bufete porque asumirá como Embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“La adjudicación se basó en la vasta experiencia en arbitraje internacional y en el amplio conocimiento que tienen los abogados del estudio jurídico sobre el referido Caso CCI Nº 20086/ASM, así como en la exitosa defesa del Estado boliviano en dicho caso, el cual fue laudado favorablemente para Bolivia en la etapa de jurisdicción. Al presente, Alliance ya ha asumido defensa en el procedimiento arbitral para el cuál fue contratado, existiendo a la fecha un calendario procesal aprobado por el Tribunal Arbitral para la etapa de fondo”, refiere el comunicado.

La polémica surgió después de que Yerko Núñez, exministro de la Presidencia durante la gestión de Jeanine Añez, revelara la contratación y cuestionara que se otorgue estas labores a Menacho y Héctor Arce, recordando casos en que no tuvieron éxito en el pasado como el litigio por la salida soberana al mar contra Chile.      

“HÉCTOR ARCE SE ADJUDICA UN CONTRATO POR MÁS 2.5 MILLONES Héctor Arce y su socio Pablo Menacho se adjudicaron un contrato por EXCEPCIÓN y por más de 2.5 millones de bolivianos para presuntamente defender en el proceso arbitral ESM-JINDAL STEEL.¿Qué podemos esperar en este proceso?”(sic), escribió Nuñez en su cuenta en Twitter.

Arce fue parte del gobierno hasta noviembre de 2019, cuando Evo Morales renunció en medio de una protesta cívica, denuncias de fraude electoral, un motín policial y la “sugerencia” militar de que dimita. Menacho también ejerció el cargo hasta ese entonces.

El 15 de abril de 2010 el Estado decidió ejecutar las dos primeras boletas de garantía de la Jindal, que sumaban $us 18 millones, por la falta de renovación de la garantía. El 4 de mayo de 2012, el Gobierno ejecutó una segunda boleta de garantía por unos $us 18 millones debido a un incumplimiento de la Jindal en sus compromisos para seguir al frente de la explotación del yacimiento.

// Con información de La Razón