La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la conminatoria judicial emitida para que 13 medios de comunicación hagan conocer los nombres de periodistas que realizaron trabajos de investigación relacionados al caso de Jhasmani Torrico, el ‘abogado torturador’, y afirmó que este tipo de actos se constituyen en medios de amedrentamiento y en una limitación a la libertad de expresión.

“Este tipo de actos se constituyen en medios de amedrentamiento para este sector fundamental de la sociedad boliviana y, por lo tanto, en un medio indirecto de limitación a la libertad de expresión por un ejercicio impertinente de poder judicial sobre los medios de comunicación conminados a otorgar la información requerida, cuando la rectificación de información tiene una jurisdicción especial bajo el marco de la Ley de Imprenta”, afirmó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Cruz, asimismo, les recordó a las autoridades del Órgano Judicial que todas las peticiones realizadas dentro de procesos penales en las que se encuentren inmersos trabajadores de la prensa por hechos o actos desarrollados durante su labor periodística, deben enmarcarse en los estándares internacionales de la libertad de expresión y de prensa previstos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), como también en las previsiones contenidas en la Constitución Política del Estado referentes a la comunicación social e información.

“Se exhorta a las autoridades penales a realizar un análisis pormenorizado de los estándares de protección a los trabajadores de la prensa y al trabajo de los medios de comunicación antes de emitir conminatorias de otorgación de información que puedan constituirse en transgresores de los principios y estándares de protección del grupo que constituyen periodistas y medios de prensa”, remarcó la Autoridad defensorial.

Ayer se supo que Jhasmani Torrico, conocido como el ‘abogado torturador’, presentó una denuncia penal en contra de medios de comunicación y periodistas; el hecho fue rechazado por varias instituciones, entre ellas, el Ministerio de Justicia.

“Ante el anuncio de un juicio penal contra periodistas por parte del abogado sentenciado por secuestro y torturas Jhasmani Torrico, el Ministerio de Justicia recuerda que la Ley de Imprenta de 1925 está vigente y que la libertad de prensa y de expresión está protegida por la Constitución”, señaló esa  cartera de Estado a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba (FSTPC) emitió un comunicado expresando su “rechazo contra la decisión de la jueza Sofía Camacho Almanza, del juzgado de sentencia penal de Cochabamba, de acceder a la petición del abogado sentenciado Jhasmani Torrico de conminar a 13 medios de comunicación a que entreguen información con el objetivo de iniciarles un proceso por difamación, calumnia e injuria”.