Este 22 de abril, en el día de la Madre Tierra, entra en vigor el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, también llamado “Acuerdo de Escazú”, el primer tratado ambiental que contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del medio ambiente.

El mismo está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe. En ese sentido, de ese total, 24 países lo firmaron y 12 lo ratificaron: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.

En específico, el Acuerdo de Escazú es el primer instrumento jurídicamente vinculante para América Latina y el Caribe que busca disminuir y prevenir los conflictos ambientales garantizando a las personas tres derechos fundamentales.

Por un lado, busca el acceso a la información, oportuna, comprensible y culturalmente apropiada, en igualdad de condiciones para los grupos más vulnerables; la participación ciudadana, que debe ser abierta, inclusiva desde etapas iniciales en procesos de toma de decisiones que puedan afectar el ambiente o la salud.

Asimismo, incluye el acceso a la justicia en materia ambiental frente a daños al ambiente y los derechos humanos. Y, adicionalmente, el Acuerdo incluye por primera vez medidas concretas para la protección y defensa de las personas defensoras del ambiente.

En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre otros organismos, saludaron la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú y saludaron a los países que ratificaron su vigencia, entre ellos Bolivia.

“La entrada en vigor del Acuerdo de Escazú es un relevante avance para la protección de quienes defienden el medio ambiente y la tierra, ya que América Latina es considerada como una de las regiones más peligrosas para su esencial trabajo. En este sentido, la CIDH, su REDESCA y ONU Derechos Humanos saludan a los países que han ratificado este acuerdo, alientan a los países que aún no lo han hecho a hacerlo prontamente e instan a todos los Estados de la región a desarrollar procesos participativos, mediante planes de acción nacionales, para su efectiva implementación”, señala un comunicado de los organismos.

Entretanto, en Bolivia –que fue el segundo país en ratificar el Acuerdo Escazú en su Órgano Legislativo- se planteó el reto de aplicar el acuerdo en diferentes plazos, tanto desde el aparato estatal como desde la sociedad civil.

Según reportó El Deber, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, afirmó que no fue fácil que la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia ratifique el Acuerdo de Escazú en junio de 2019, pero asegura que ahora el objetivo es aplicar el mecanismo y, como planificación, existe primero la idea de socializar el acuerdo y sus alcances. La intención es implementarlo a corto, mediano y largo plazo con una hoja de ruta que se trazaron algunas entidades estatales bolivianas.

"Se logró en junio de 2019 la ratificación (del Acuerdo de Escazú) y luego se hizo un monitoreo con las defensorías del pueblo. Una vez que se logró el número de ratificaciones se está realizando su implementación. En Bolivia se hará una hoja de ruta para la implementación del mecanismo a corto, mediano y largo plazo", afirmó Cruz.