El presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Ricardo Centellas, expresó hoy su deseo respecto a que las investigaciones que realizará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Bolivia no solo  abarque los hechos ocurridos en Senkata y Sacaba a finales del 2019, sino que se indague “todos los hechos violentos ocurridos en el país”.

“Ojalá que se investiguen todos los hechos violentos porque no puede pasar ninguna muerte desapercibida en el país. Todo hecho violento tiene que ser investigado lo más antes posible”, afirmó Centellas.

En ese sentido, el Presidente de la CEB señaló que “ojalá” la colaboración internacional ayude a esclarecer todos los casos de violencia reportados en el país.

“Ojalá que se esclarezca con la colaboración internacional, que se llegue a un conclusión porque los últimos años hemos visto que muchas muertes se han investigado pero nunca se llegó a una conclusión. Todos pedimos justicia, fundamentalmente los familiares de tantas personas fallecidas las últimas décadas”, aseveró.

El pasado fin de semana, el ministro de Justicia, Iván Lima,  anunció que el 23 de este mes llegará al país una comitiva de cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para iniciar las investigaciones sobre los hechos luctuosos registrados en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) en noviembre de 2019.

Lima, dijo que, con el objetivo de buscar la reconciliación entre los bolivianos, esta comitiva, que estará a la cabeza de su presidente,  investigará los sucesos de octubre y noviembre del año pasado y emitirá un informe que será entregado a la Fiscalía General para que inicie las acciones correspondientes sobre los responsables de esos hechos.

"La investigación internacional desde este gobierno va tener la mayor amplitud y el mayor reconocimiento sin perder nuestra soberanía, es un aspecto muy importante. Abrimos las puertas a que la comunidad internacional investigue, evalúe y emita un informe, pero la palabra final sobre los hechos de Sacaba y Senkata va tener nuestro Ministerio Público y los jueces de este país", afirmó la autoridad.

Explicó que para conocer los hechos acaecidos a finales del año pasado, el gobierno "abrirá las puertas" de los expedientes de estos hechos, de las Fuerzas Armadas, Policía y de la instancia judicial para el inicio de una investigación internacional.

Lima aseguró que este trabajo "no es un llamado a la venganza, es una llamada a la justicia, es una llamada que el pueblo boliviano vuelva a creer en las instituciones", apuntó.

En un informe preliminar, la CIDH calificó de "masacres" a las represiones de Sacaba y Senkata, que derivaron en la muerte de al menos 36 personas y un centenar de heridos, en medio de la convulsión social que se registró posterior a la renuncia de Evo Morales a la presidencia y la asunción de Jeanine Áñez.

Por estos sucesos, la anterior Asamblea Legislativa recomendó la instalación de un juicio de responsabilidades contra Áñez y sus ministros de Estado, además de otras autoridades. En su informe, una comisión legislativa explicó que, bajo evaluación del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), se estableció que las muertes en ambas movilizaciones fueron causadas por armas de reglamento de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.

El anterior gobierno dispuso un resarcimiento de 100.000 bolivianos, en el caso de las familias de las víctimas mortales, y entre 50.000 y 10.000, en el caso de los heridos.

Según Lima, a un año de los hechos luctuosos, las víctimas de Sacaba y Senkata no han visto satisfecho sus derechos, ya que al momento no se ha actuado con debida celeridad en el proceso investigativo. "Nadie puede vender la vida de un ser humano y lo que tiene derecho las familias es el derecho a la verdad, a la justicia".