Con la participación del Gobierno – representando por el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra y el embajador de Bolivia ante la OEA, Jaime Aparicio-; de la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa; de la defensora del Pueblo, Nadia Cruz; y representantes de la sociedad civil -como las víctimas de los hechos sucedidos en Senkata y Sacaba y miembros del Conade-;  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó hoy la audiencia para analizar la situación de los DDHH en el país.

En ese sentido, en la audiencia, el Gobierno ratificó su compromiso para brindar todas las garantías y facilidades para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del organismo internacional pueda desarrollar su trabajo de investigación sobre los hechos sucedidos durante los últimos meses del 2019.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para desmentir las acusaciones de la violación de derechos humanos en el país y cuestionar la imparcialidad de la CIDH respecto a los temas inherentes al país.

No obstante, totalmente inversa fue la posición expresada por Eva Copa y Nadia Cruz. Por un lado, la Presidenta de la Asamblea pidió a la CIDH realizar una investigación “transparente y correcta” de los hechos ocurridos en el país durante  el último año.

“Espero que la CIDH haga una investigación transparente y correcta sin mirar el color de piel o clase. Lo que buscamos los bolivianos es justicia para las familias que perdieron a sus seres queridos. Lo que nosotros queremos es justicia en nuestro país y lamentablemente el gobierno de transición piensa que se quedará eternamente, por eso saca carta blanca para que las Fuerzas Armadas y la Policía arremetan contra la población”, dijo Copa.

“No nos parece justo que el Gobierno de transición haga distinción de clases sociales (…) Espero que la CIDH  haga una investigación tranparente e idónea en torno a los hechos ceríficos que pasaron en nuestro país”, aseveró.

Párrafo aparte merece el la breve confrontación que tuvieron el Ministro de Justicia y la Presidenta de la ALP. Coímbra aprovechó su alocución también para criticar el trabajo de la ALP que, dijo, algunas leyes en beneficio de la población, como el que asigna el 10% del presupuesto a favor de la salud; a lo que Copa contestó que antes de aprobar cualquier Ley el Ejecutivo debe saber solventarla y recordó que la audiencia de la CIDH no tiene el fin de juzgar el trabajo legislativo, sino indagar la violación de derechos humanos ocurridos en el país.

Por su parte, durante su alocución, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, sostuvo que “al igual que en el 2019”, el país vive un clima de conflictividad, polarización y escalada de violencia y que el Gobierno transitorio, permanentemente, amenaza con la ejecución de planes de operativos conjuntos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana en los puntos que llama los “más conflictivos” en el país.

Cruz, en esa línea, manifestó que el gobierno de Jeanine Áñez justifica la adquisición de armas, balines, gases y equipo antimotines para fortalecer la capacidad de reacción de las fuerzas policiales y militares durante la época electoral, y que en nombre de la paz esas armas serán utilizadas en contra de los que el Ejecutivo llama “violentos” por expresar su divergencia.

“Solicitamos la activa participación de los miembros de la CIDH para el monitoreo sobre los hechos de violencia que puedan suscitarse durante el proceso electoral, pues, al igual que en el 2019 el uso de agentes militares en el aplacamiento de cualquier protesta, manifestación o conflicto, produce la muerte de civiles”, manifestó.

Respecto a los hechos de octubre y noviembre de 2019, Cruz afirmó que la Defensoría del Pueblo evidenció que se cometieron gravísimas violaciones de derechos humanos y que no existen investigaciones serias y menos sentencias al respecto, excepto sobre las muertes ocurridas entre particulares.

En la audiencia también participaron representantes de la sociedad civil, como las víctimas de los hechos sucedidos en Senkata y Sacaba el 2019 y también Manuel Morales, en representación del Conade.

Finalmente, también tomaron la palabra distintos miembros de la CIDH, quienes reconocieron y lamentaron la polarización política y social que existe en Bolivia, además de plantear dudas respecto a rol del estado en los hechos y la independencia de poderes en el país.

En esa línea, el presidente de la CIDH, Joel Hernández, celebró el diálogo ocurrido durante la sesión, que “si bien intenso y polarizado, fue respetuoso y hubo una amplía opción para escuchar a las voces del Estado y la sociedad civil”.