Octava adenda devela antiguas falencias en la política de hidrocarburos del país

Después de cinco meses de suscrita la Octava Adenda al contrato de exportación de gas natural al Brasil, mucho se ha dicho sobre su negociación e impacto económico.  

No podemos soslayar la importancia que la exportación de gas natural al Brasil tiene para la economía boliviana, por ello está demás resaltar la necesidad que había de renovar el contrato de exportación que feneció en diciembre de 2019.  Es decir que a partir de enero de 2020, las condiciones de venta de gas natural al Brasil dejaron de regir contractualmente por lo que era necesario renovar las mismas o establecer nuevas condiciones para mantener vigente el mercado del brasilero para el gas boliviano.

Está claro que las condiciones iniciales del Contrato de Exportación de Gas al Brasil, conocido como GSA, por sus siglas en inglés (Gas Supply Agreement), no podían mantenerse invariables. Luego de 20 años, es natural que los mercados cambien, tanto por eventos externos como por políticas públicas internas; por lo tanto era previsible que un nuevo contrato o una adenda al contrato GSA traiga uno o varios cambios en las condiciones de venta del gas boliviano al Brasil y que la dirección de estos cambios refleje las modificaciones en el mercado, la visión y objetivos propios de los involucrados así como la capacidad negociadora de las partes.

Entre las principales modificaciones al GSA que tiene la octava adenda están: El cambio en los volúmenes comprometidos para la exportación de gas y el pago del transporte de gas natural en el tramo Rio Grande  - Mutun.Sobre el cambio de volúmenes comprometidos para la exportación de gas, estos se han reducido de  30mpcd a 20mpcd. Autoridades del sector y expertos manifestaron que ésta situación será  beneficiosa para el país, toda vez que se evitará el pago de multas por incumplimiento de la entrega de los volúmenes comprometidos, ello considerando que en el pasado reciente la producción de gas natural no fue suficiente para cubrir los volúmenes máximos requeridos por Brasil en varias oportunidades.

Respecto a la definición sobre el pago del transporte de gas entre Río Grande a Mutún, la novedad es que ahora este costo será asumido por nuestro país. Este punto de la octava adenda dio lugar a varias críticas, de expertos del área, quienes señalan que podría haber un daño económico al Estado de por lo menos $us 5,34 millones al mes, por el ingreso no percibido por concepto de transporte de gas natural.

Si bien los resultados emergentes de la negociación de la octava adenda realizada en marzo de 2020 entre YPFB y Petrobras pueden ser evaluados independientemente, como muchos analistas lo hicieron con diferentes énfasis, ahora queremos enfocarnos en el contexto, aspecto que tiene una alta incidencia en los resultados de una negociación.

Tras 20 años de duración del GSA, Petrobras amplió sus posibilidades de abastecimiento de gas natural, explorando en su propio territorio y contratando la provisión de GNL de ultramar; mientras que Bolivia redujo su capacidad de oferta de gas natural y no pudo diversificar su mercado de exportación. Estos aspectos marcan una diferencia importante en las posiciones negociadoras de las partes, incluso antes del ingreso al proceso mismo de negociación. Adicionalmente, debemos destacar la influencia del momento de la negociación, ya que es distinto renegociar un contrato vigente, que negociar sobre un contrato vencido. La octava adenda fue negociada luego de transcurridos tres meses desde la finalización del GSA, período en el cual Bolivia continuó entregando gas natural al Brasil, sin tener claridad en las condiciones de contraprestación durante ese período y el futuro.

Los profesores Roger Fisher, Bruce Patton y William Ury señalan que la negociación debe centrarse en intereses y no en posiciones y es un proceso estratégico basado en la inteligencia y generación de acuerdos de mutuo beneficio con límites claros que deben buscar la satisfacción de las partes involucradas. Bajo este enfoque y considerando el contexto de la negociación de la octava adenda resulta obvio que Petrobras haya obtenido ciertas concesiones. Si este hecho era evitable o no puede ser motivo de un extenso análisis, sin embargo lo cierto es que develó un problema estructural que es la falta de políticas integrales en el sector hidrocarburos. Desde las políticas públicas en Bolivia no se avizoran nuevos escenarios frente a las fluctuaciones de precios del petrolero, no existen previsiones de inversiones en exploración que permitan cumplir los requerimientos de  volumen de gas natural del mercado interno y en el mejor de los casos, para los mercados de exportación que aún nos quedan y mucho menos se realiza prospección de nuevos mercados.

Pensar estratégicamente en el desarrollo del sector hidrocarburos sigue siendo una tarea pendiente para Bolivia y tiene gran relevancia para el país aún dentro un contexto en el que las propuestas electorales giran alrededor del cambio del modelo de desarrollo económico, de un modelo extractivista a otro con mayor diversificación productiva.