La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) celebró que el Gobierno boliviano haya decidido derogar las disposiciones de decretos que “restringían la libertad de expresión” en el país, como la disposición adicional del Decreto Supremo 4231, el Parágrafo II del Artículo 13 del Decreto Supremo N° 4200 y el Artículo 7 del Decreto Supremo N° 4199.

“La Misión de la OACNUDH en Bolivia aplaude la derogación de las disposiciones de los D.S. que restringían la libertad de expresión con motivo de la pandemia. Se reconoce la apertura y disposición de las autoridades a las preocupaciones de actores nacionales e internacionales”, señaló la oficina de la ONU a través de su canal oficial en la red social del Twitter.

En ese sentido, la OACNUDH añade que “la desinformación, que a todas y todos nos preocupa, se combate mediante la difusión de información fiable y accesible, en un contexto de deliberación democrática y respeto irrestricto a los derechos humanos”.

“Tal y como se sostiene en el Informe” Covid-19 y Derechos Humanos” de la ONU: La crisis coloca la pregunta de cuál es la mejor forma de contrarrestar el discurso dañino y proteger la libertad de expresión y la más efectiva respuesta es información precisa, clara y basada en la evidencia proveniente de fuentes en las que la gente confía”, añadió la oficina de la ONU.

En ese sentido, la decisión del Gobierno también fue celebrado por Susana Sottoli, coordinadora residente de la ONU en Bolivia.

“Celebramos la decisión de derogar las disposiciones de los Decretos Supremos que restringían la libertad de expresión con motivo de la pandemia. La desinformación se combate con más información”, señaló.

La tarde de este jueves, el Gobierno anunció que tomó la decisión de derogar tres disposiciones que, a decir de los ministros, generaron “confusión” respecto a una supuesta restricción a la libertad de expresión.

Así, el Gobierno derogó primero la disposición adicional única del decreto Supremo 4231 que señalaba que “las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.

Junto a la controvertida disposición, el Gobierno también determinó derogar el Parágrafo II del Artículo 13 del Decreto Supremo N° 4200, que señala que “las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.

Asimismo, también derogó el Parágrafo II del Artículo 7 del Decreto Supremo N° 4199 que disponía que “la personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán objeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.