La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, acudió, la mañana de este jueves, al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para presentar dos acciones de inconstitucionalidad abstracta en contra de dos decretos recientemente aprobados por el Gobierno.

Por un lado, Cruz presentó el recurso en contra del Decreto que penaliza la desinformación en el país, considerando que el mismo “restringe la libertad de expresión” en el país.

“En Bolivia, la Asamblea Legislativa Plurinacional es la única que se encuentra con la legitimidad constitucional para limitar derechos fundamentales, pero bajo los principios de proporcionalidad y razonabilidad. En otras palabras, cualquier restricción de los derechos fundamentales, como el de la libertad de información y opinión, pasa necesariamente por un diálogo democrático en el Órgano Legislativo”, enfatizó la Defensora del Pueblo.

La norma en específico sanciona penalmente la difusión de la información “escrita, impresa y/o artística” que genere “incertidumbre en la población. El Gobierno, en ese sentido, ha insistido que la norma no atañe a los periodistas y que “el 985 de la población” no tiene que temer al polémixco decreto supremo.

Por otro lado, la Defensora también presentó un recursos contra el Decreto que “de manera excepcional autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa”.

Para la Defensora, el Decreto viola el derecho a la seguridad alimentaria, transgrede el principio de supremacía constitucional y el de reserva legal, y atenta contra la biodiversidad de semillas originarias y diversas como el maíz, explicó la Defensora.

Detalló que ese decreto se constituye en una norma que afecta el derecho a la seguridad alimentaria, con lo cual se vulnera el principio de reserva legal, pues tales aspectos sólo pueden ser desarrollados por una ley. También alertó que se atenta contra la seguridad alimentaria al reducir los protocolos para determinar si el consumo y uso de semillas transgénicas son seguras para la salud y el medioambiente.

La Defensora añadió que esa norma atenta contra la diversidad genética de semillas como las del maíz, que tiene las características de ser centro de origen, diversidad, patrimonio genético.