La Defensoría del Pueblo,  a través de un comunicado, afirmó que vela por la seguridad de los trabajadores en salud de los establecimientos médicos de El Alto y solicitó al Gobierno otorgar garantías a la integridad personal del personal médico ante los ataques que sufrieron por parte de vecinos de esa ciudad la pasada semana.

“La Defensoría del Pueblo solicita a su autoridad adoptar, de manera inmediata, las medidas de seguridad necesarias, que garanticen la integridad del personal de los establecimientos de salud de la ciudad de El Alto, para que puedan desarrollar sus funciones en sus lugares de trabajo con normalidad, y así asegurar el derecho a la vida y a los servicios de salud de la población”, señaló la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en una misiva remitida al ministro de Salud, Marcelo Navajas.

En días pasados, sucedieron en El Alto  una serie de ataques al personal de salud. El 30 de abril, al menos un centenar de personas apedreó dos autobuses del sistema municipal de transporte Waynabus, los que trasladaban al personal de salud. El viernes 1 de mayo, en el sector de Puente Vela, fue apedreada una unidad del Servicio de Ambulancias de Urgencias y Emergencias Médicas (SUMA), que se dirigía a recoger a un paciente En otra jornada, en Rurrenabaque, obligaron a enfermeras y médicos a abandonar el hotel donde se hospedaban.

La Defensora del Pueblo, en ese sentido, recordó que la Organización Mundial de Salud (OMS) recomendó a los gobiernos, ante la emergencia por el Covid-19, “monitorear ataques contra los trabajadores de la salud para impedirlos y asegurarse de que puedan responder de manera rápida, adecuada y apropiada en caso de producirse un ataque, garantizando la protección de los trabajadores en salud”.

También apuntó que la resolución “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas” de la CIDH recomendó “garantizar la protección de los derechos (de los trabajadores de salud), así como la disposición de recursos específicos mínimos destinados a enfrentar este tipo de situaciones de emergencia sanitaria”.

Asimismo, dijo que la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo (SOCHMET) realizó recomendaciones de Seguridad y Salud Ocupacional para Trabajadores de la Salud, como que “tienen derecho a solicitar medidas que garanticen su vida e integridad manera personal y colectiva”.

En ese sentido, Cruz afirma que “en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de la Constitución Política del Estado, el Estado Boliviano tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, más aun cuando se atraviesa una emergencia sanitaria por la declaración de pandemia mundial”.