La alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, llamó, el pasado jueves, a las autoridades a “trabajar rápidamente para reducir la cantidad de personas detenidas” .

Según la alta comisionada, los internos están presos en “condiciones higiénicas deplorables y los servicios de salud suelen ser deficientes o inexistentes”.

Por lo mismo, acusó que es momento de llevar a cabo medidas para prevenir pérdidas de vidas entre los reclusos y miembros del personal.

Al respecto, propuso que los reclusos de mayor edad, los que están enfermos y quienes representan un riesgo menor, sean liberados.

Además, pidió que “toda persona detenida sin fundamento jurídico suficiente, incluyendo los prisioneros políticos y los detenidos por haber expresado opiniones críticas o disidentes”, sean puestos en libertad para despejar la población en los recintos penitenciarios.

La pandemia “ha comenzado a golpear las prisiones y los centros de detención de inmigrantes, al igual que los centros de salud residenciales y los hospitales psiquiátricos”, afirmó Bachelet.

Asimismo, agregó que el COVID-19 amenaza con provocar una “devastación entre esas personas extremadamente vulnerables”, refiriéndose a los privados de libertad.