La misión enviada a Bolivia por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que dirige Michelle Bachelet, ha documentado hasta el momento algunos hechos de violencia que podrían constituir “graves violaciones a los Derechos Humanos” durante los hechos registrados, en el país - principalmente en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba)-  a raíz de las elecciones del 20 de octubre.

En las tres semanas que la misión lleva en Bolivia, a donde llegó el 11 de noviembre, ha recabado información de primera mano sobre la situación de Derechos Humanos en el país y “ha documentado hechos de violencia ocurridos a partir del 21 octubre, algunos de los cuales podrían constituir graves violaciones a los Derechos Humanos”, según ha informado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un comunicado.

Entre ellos, ha precisado, figuran “los trágicos sucesos ocurridos en Sacaba (Cochabamba) el 15 de noviembre –donde fallecieron al menos 9 personas– y en Senkata (El Alto) el 19 de noviembre, donde fallecieron al menos 10 personas durante una intervención del Ejército y de la Policía en el contexto de manifestaciones”.

Durante su estancia, la misión ha sostenido múltiples reuniones con instituciones del Estado, sociedad civil, organizaciones sociales, gremiales e indígenas, entidades internacionales, víctimas, familiares y testigos entre otros actores, además de mantener un estrecho diálogo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, ha visitado hospitales, centros de privación de libertad y otros lugares relevantes, como la planta de gas de Senkata.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU agradeció, además, “la disposición de las autoridades para facilitar el trabajo de la misión y el acceso a la información, así como la generación de espacios para mantener intercambios, diálogo y recomendaciones sobre temas de derechos humanos”.

En las próximas semanas, añade la nota, la misión proseguirá con sus actividades, con el objeto de contribuir al fortalecimiento de las garantías de Derechos Humanos en Bolivia, con especial énfasis en la prevención.

Asimismo, “seguirá abogando porque todos los hechos de violencia, al margen de su autoría, sean investigados de manera pronta, transparente e imparcial por las entidades estatales competentes”.

La crisis política en Bolivia se desató tras las elecciones presidenciales del 20 de octubre, en las que el ahora expresidente Evo Morales proclamó su victoria pero la oposición denunció un “fraude gigantesco”.

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha concluido en su informe final que en los comicios hubo “manipulación dolosa” y “parcialidad”, así como “irregularidades graves”, tales como la “falta de resguardo de las actas” y la pérdida de “material sensible”.

Morales dimitió el pasado 10 de noviembre y luego se fue a México, país que le dio asilo político. Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, se proclamó presidenta interina para llenar el vacío de poder dejado por el antiguo mandatario y la renuncia de otros altos cargos.

Bolivia se prepara ahora para celebrar unas nuevas elecciones en las que ni Morales ni su vicepresidente, Álvaro García Linera, podrán participar, conforme al acuerdo al que su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), y el Gobierno de Áñez han llegado en el Congreso.