Santa Cruz, 13 de septiembre (El Deber).- Una investigación coordinada entre autoridades judiciales de Argentina y de Bolivia reveló un caso de trata de personas con explotación laboral en el país vecino, promovido por la agencia de empleos Gutiérrez, situada en la calle Monseñor Salvatierra, donde el miércoles autoridades municipales y policiales clausuraron 20 de estos negocios sin licencia de funcionamiento, sospechosos de lucrar de manera irregular con adolescentes y adultos.

En 2012, la agencia Gutiérrez mandó a Julio César Mayer (38) con contrato de trabajo a un taller de costura de Argentina, pero este acabó siendo explotado por su empleador, que lo hacía laburar 14 horas diarias y hacinado en un ambiente pequeño, con otros costureros hasta que lo botó a la calle, según versa la imputación presentada ayer por la fiscal Alejandra Ávalos.

Le ofrecieron buen trato

Mayer, al verse en la calle, denunció a su empleador y el fiscal argentino Marcelo Colombo, indagó y, con los datos proporcionados sobre la agencia Gutiérrez requirió, mediante cooperación internacional, que se investigara dicha oficina en Santa Cruz.

“La señora Vicky de la agencia Gutiérrez me ofreció trabajo como ayudante de costurero en Argentina. Dijeron que iba a ganar $us 300 mensuales y me prometieron buen trato, alimentación y vivienda, pero no fue así. La comida corría por nuestra cuenta y no me pagaban sueldo. Trabajábamos de 7:00 a 21:00. Efraín nos descontó a varios el precio del pasaje y después me echó a la calle. Debíamos dormir cuatro personas en una misma habitación, pues en el taller había varios jóvenes de 18 a 20 años”, declaró Mayer.

En la batida del miércoles, el Ministerio Público allanó varias agencias próximas a la avendia Cañoto, especialmente la Gutiérrez, donde aprehendió a la dueña, Juana Gutiérrez Morales (46) y a la promotora Virginia Magne Huallpa (59), a quienes la fiscal Ávalos abrió causa por los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral, trabajo forzoso y cualquier forma de servidumbre.

Las procesadas fueron presentadas ante el juez cautelar, José Subieta, que dictó la detención preventiva de ambas en la cárcel de Palmasola. La fiscal manifestó que la indagación contra las mujeres recién empieza, pues en la agencia se hallaron 17 cédulas de identidad de adolescentes: 11 de chicas y seis de varones, cuyo paradero se desconoce.

Asimismo, en el recinto se descubrieron documentos de que las ahora procesadas tenían contactos con empleadores de Argentina, Brasil y Perú. También se decomisaron tarjetas de clubes privados nocturnos y de rocolas. Del mismo modo, se hallaron fotos de menores que, al parecer, consiguieron empleo por medio de dicha agencia

CASTIGO PARA LOS AUTORES

Según la ley, los delitos de explotación laboral, trabajo forzoso o cualquier forma de servidumbre tiene una pena de 10 a 15 años de cárcel.

Base legal para actuar

La Alcaldía cruceña aprobó la ley municipal 074/2014, que regula la prestación de servicios por parte de adolescentes en las agencias de empleo, con el fin de precautelar sus derechos.

OBLIGADOS A INSPECCIONAR

Autoridades policiales y municipales deben intervenir dos veces por semana en las agencias de empleo para supervisar la labor.

POCAS LEGALES

Hay 60 agencias afiliadas a una asociación, pero se sabe que hay alrededor de 150 en Santa Cruz.

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