El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, informó que si el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) no comienza a identificar y desalojar a los asentamientos ilegales en la Chiquitanía; será el Comité y las alcaldías chiquitanas quienes realizarán esta tarea, que fue una de las determinaciones del Cabildo cruceño que se realizó el pasado viernes.

Según el cabildo, el INRA tiene hasta el mediodía de este lunes para cumplir el mandato. Camacho adelantó que los cívicos de provincias se reunirán colaborarán con el levantamiento de datos y la verificación de los asentamientos. Añadió que para esta tarea también se contactó con los alcaldes de la Chiquitanía.

“El día de hoy a las 12:01 de la tarde partimos a la Chiquitanía, nos están esperando los alcaldes para hacer un relevamiento claro de cuales son los asentamientos que se han dado de forma legal e ilegal, y en función de eso vamos a proceder a aquellos que se han dado de forma ilegal, vamos a proceder al desalojo con el pueblo", informó Camacho.

El líder cívico subrayó que no se buscarán enfrentamientos, pero que las personas que se asentaron de manera ilegal tendrán que entender el sentimiento de la gente que vive allí, porque la tierra es primero para la persona del lugar.

"No se trata de bala, de machete ni de palo, haremos el desalojo totalmente en principio de la necesidad que quiso el pueblo cruceño, que es llevar adelante esa medida, no vamos a buscar ningún tipo de enfrentamiento, pero también le aseguro que el pueblo chiquitano se va a mover en función de lo que siente y el pedido del pueblo chiquitano es que nos ayuden a desalojar", explicó Camacho.

El pasado viernes, el cabildo cruceño resolvió que se realizaría la verificación y el desalojo de los asentamientos ilegales en tierras chiquitanas, solicitaron la abrogación de la Ley 741 y del Decreto Supremo 3973 que autorizan el desmonte y chaqueo “controlado” en los departamentos de Santa Cruz y el Beni.