Gonzalo Hurtado, uno de los dos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que fue denunciado por el alcalde de La Paz por un fallo sobre el deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma, salió al frente hoy y advirtió al burgomaestre paceño que “acusar falsamente tiene sus consecuencias”.

Hurtado, junto al magistrado  Iván Espada, fueron denunciados por Revilla por los supuestos delitos de e incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, después de que emitirán un fallo en el que responsabilizan únicamente a la Alcaldía de La Paz por el colapso del relleno de Alpacoma.

Al respecto, consultado por el periódico La Razón, Hurtado aseveró que Revilla está en su derecho de realizar dicha denuncias, pero advirtió que debe probar sus acusaciones o atenerse a las consecuencias.

“Los jueces nos pronunciamos a través de nuestros fallos. El Alcalde, constitucionalmente, como cualquier otro ciudadano, puede denunciar. Sin embargo, se debe tener presente que una denuncia implica obligatoriamente probar todo lo que se afirma. Acusar falsamente tiene sus consecuencias  y quien denunció debe asumirlas  en su momento”, aseguró Hurtado en declaraciones al mencionado periódico de alcance nacional.

Por ahora, la denuncia de Revilla está en status quo. Ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, explicó que la misma será remitida a la Comisión que corresponda una vez termine el receso legislativo, el próximo 15 de julio. A partir de esa fecha recién correrá el plazo para el avance del proceso.

El pasado 24 de junio, el TCP emitió una Sentencia Constitucional sobre la acción popular presentada por el deslizamiento del Relleno Sanitario de Alpacoma. La sentencia libera de responsabilidad al Ministerio de Medio Ambiente y al dirigente de Achocalla que encabezó el bloqueo al relleno; y responsabiliza a la Alcaldía de La Paz por los daños producidos al medio ambiente y a la salud de los vecinos.

La sentencia señala que Gobierno Autónomo Municipal de La Paz “incumplió la obligación convencional” de adoptar las medidas necesarias para evitar el conflicto, mostrando “una evidente falta de debida diligencia”; ya que, según el informe del Ministerio de Medio Ambiente, el Relleno Sanitario operaba “sin la debida licencia ambiental”, además se realizaron modificaciones en el área que no fueron planificadas, ni aprobadas y que no cumplían los requerimientos para garantizar su efectividad, en concreto se refiere a la construcción de diques en la confluencia de los ríos Achocalla y Alpacoma, que “provocó riesgos a la estabilidad del predio por la saturación de los suelos, lo que desembocó en el deslizamiento del mismo”.

No obstante, según Revilla, el fallo del TCP se basó en un “decreto que no está vigente y una ley que no tiene relación con la materia del caso”.