El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó este viernes la investigación del caso “La Manada” avanza conforme a los actos y plazos establecidos en la normativa vigente y manteniendo en resguardo los derechos y garantías de los sujetos procesales.

“Tenemos desplegada una comisión de siete fiscales de materia además de una Fiscal Superior para la investigación de este caso, estamos dentro del plazo establecido y estamos cumpliendo con todos los protocolos de investigación como son las pericias necesarias para poder establecer la verdad histórica de los hechos y establecer responsabilidades”, sostuvo Lanchipa.

A la fecha, el informe presentado por la comisión de fiscales muestra el avance del caso con los resultados de diferentes pericias realizadas, desde el examen toxicológico realizado a la víctima y los sindicados, hasta las pericias del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

El pasado 14 de diciembre de 2018, se presume, que un grupo de jóvenes abrían perpetuado el hecho de agresión sexual, violación agravada y lesiones graves y leves en contra de una joven de 18 años de edad en la ciudad de Santa Cruz.

Desde el momento en que el Ministerio Público conoció el hecho, se realizaron las actuaciones correspondientes al caso logrando la detención preventiva de Alejandro P.V., Alejandro S.S., Jorge J.P. y José R.F. a cumplirse en el Penal de Palmasola mientras que el único menor de edad, A.E.P.S. de 15 años, deberá permanecer en el Centro Correccional Juvenil Fortaleza en Santa Cruz.

En lo que va del proceso se realizaron las pericias de criminalística, quimioluminiscencia, toxicología, biológica y psicológica tanto a la víctima como a los actualmente imputados.

Continuando con las investigaciones, el Ministerio Público, emitió los requerimientos fiscales al local Dubai Resort, Motel Deluxe, Clínica UCEBOL y Clínica Figueroa a efectos de que remitan las grabaciones de las cámaras de seguridad y la lista del personal de turno el día 14 de diciembre de 2018.

Asimismo, se extendió el requerimiento fiscal a las empresas telefónicas VIVA, TIGO y ENTEL para que informen si los imputados son usuarios de dichas empresas, de ser así, se requirió los extractos de llamadas y ubicación georeferencial de sus teléfonos.

“El Ministerio Público, con el fin de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, hasta la fecha ha realizado todas las actuaciones necesarias para llegar a la verdad material del hecho precautelando en todo momento la integridad de la víctima”, aseguró el Fiscal General.