Dentro de todo ese sistemático iter criminis –varias veces consumado- resalta por su absurdez pero sobre todo, ofende a cualquier ciudadano por lo altamente costoso (para nuestros bolsillos), el último grito de la moda plurinacional: la realización de “elecciones” primarias en las que no existen alternativas reales para elegir, claramente forzadas para –misión imposible- tratar de legitimar al binomio trucho, obligando a sus adictos y dependientes a votar sin elegir y, literalmente, sin importar el costo.

¿Cuántas obras o adquisiciones de bienes realmente necesarias podrían hacerse con esos 27 millones de bolivianos que ayer el régimen y sus cómplices del TSE botaron a la basura? Por ejemplo: ¿Cuantas incubadoras pudieron adquirirse con ese dinero? ¿Cuántas máquinas de hemodiálisis? ¿Cuántos quirófanos construirse y equiparse?

Y es que tratar de legitimar al binomio trucho a toda costa nos sale a los contribuyentes, demasiado oneroso y es, por si acaso, completamente ineficaz para el régimen, puesto que haga lo que hagan, cualquier estrategia envolvente que ejecuten, lo único que ponen en evidencia es su esencia totalitaria, ya demasiado lejana de los cánones universalmente aceptados que hacen a los estados y gobiernos democráticos: respeto de la institucionalidad y de la normativa; de los derechos humanos (de los genuinos, por supuesto) y, entre otros, la alternancia en el ejercicio del poder.

A propósito, el régimen y sus esbirros del TSE con la reciente puesta en tablas de su última comedia, caen bajo la responsabilidad fijada por el Decreto Supremo 23318-A 3 de noviembre de 1992 que reglamenta la Responsabilidad por la Función Pública, imponiéndole a todo servidor público la obligación de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud. ¿Serán licitas unas “elecciones” en las que participa un binomio que vulnera el art. 168 de la CPE considerada como la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano? ¿Será ético que los candidatos pretendan ser escogidos sin una alternativa real? ¿Ha sido un proceso transparente llevado a cabo por funcionarios confiables?

Además, ese DS determina que los servidores públicos responderán ante la sociedad por sus acciones u omisiones, en función a criterios de eficacia, economía y eficiencia, por lo que los recursos invertidos en esas operaciones, deben ser razonables en relación a los resultados globales alcanzados: ¿El resultado de las primarias, incluso ya completamente conocido antes de su inútil realización, será razonable en función a los 27 millones gastados? ¿Valió la pena derrochar esa suma para obtener un resultado que sin necesidad de la operación ya era de pleno conocimiento público? ¿Es razonable organizar una elección para imponer por la chimenea a quienes constitucionalmente están descartados? Al extremo que hasta se hizo un referéndum para preguntarle taxativamente al soberano su parecer, respondió que NO y luego fueron tan sinvergüenzas para desconocer esa máxima instancia de decisión popular.

Las respuestas se caen de maduras y patentizan el estado del plurinacional en materia democrática: el régimen sobrevive a costa de creerse sus propias mentiras. Wolfee enseña a propósito que: "Con una mentira es posible que engañes a alguien; pero cualquier mentira te dice a ti mismo una gran verdad indiscutible: eres muy débil".