El País.- Cuando el conflicto en Venezuela parecía amainar, apareció de pronto la voz serena del ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, para denunciar que la pugna en las calles de Venezuela ha adquirido un cariz subversivo. Lo anunció en una rueda de prensa el pasado viernes, lo amplió el pasado domingo en una entrevista que lideró un compañero de gabinete y durante toda la semana ha seguido insistiendo en esa tesis.

Los cortes de calles —que en el castellano local se les denomina “guarimbas”— han dejado paso, según el Gobierno, a una expresión mucho más peligrosa e incierta, que incluiría el asesinato o el intento de asesinato de chavistas y la actuación de grupos subversivos.

Los analistas creen que se trata de un discurso que busca deslegitimar la protesta y profundizar la brecha existente entre la oposición dispuesta a dialogar —el ala moderada encabezada por el ex candidato presidencial Henrique Capriles Radonski y el secretario de la alianza opositora Mesa de la Unidad Ramón Guillermo Aveledo— y el grupo que no forma parte de la Conferencia de Paz —la defenestrada diputada María Corina Machado, el líder opositor Leopoldo López y el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma.

El Gobierno ha enumerado algunos hechos ocurridos desde la semana pasada para reforzar su tesis: el asesinato de Eliézer Otaiza, ex jefe de inteligencia de la Disip (la policía política venezolana en tiempos de Hugo Chávez); el homicidio de un escolta del actual mandatario Nicolás Maduro, el atentado contra una presentadora del canal oficial Venezolana de Televisión, la quema de vehículos antimotines, de transporte y mobiliario público, los disturbios frente a la Universidad Fermín Toro en Barquisimeto, en el centro occidente de Venezuela, que causó daños de gran magnitud en su infraestructura, la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y Puerto Ordaz, al sur del país, y el ataque a una planta de llenado de gasolina en San Cristóbal, estado de Táchira.

La oposición ha condenado por infundadas esas declaraciones, lo que ha llevado a Rodríguez Torres a presentar más pruebas. En una entrevista concedida al canal Venevisión, propiedad del magnate Gustavo Cisneros, el ministro de Interior y Justicia enseñó una foto de la defenestrada diputada María Corina Machado al lado de un supuesto delincuente llamado Yamil Breik que, en la versión del funcionario, organiza las protestas violentas en Valencia, la tercera ciudad más importante de Venezuela. Las acusaciones son repetidas sistemáticamente por los medios aliados del Gobierno.

Esta relectura del conflicto llega en medio del severo cuestionamiento a la popularidad de Maduro y de los magros resultados que hasta el momento han producido las conversaciones entre el gobierno y la oposición. El lunes el diario El Universal, la última de las grandes cabeceras locales que ha hecho pública la falta de papel, publicó los resultados de una encuesta nacional de la firma Datanálisis, efectuada entre el 31 de marzo y el 20 de abril, que asegura que ocho de cada diez venezolanos consideran que la situación del país es negativa. La mayoría de la población (un 59,2%) no aprueba la gestión de Maduro, con una drástica caída de casi 15 puntos desde noviembre.

Estados Unidos se ha referido este miércoles a la aparente inacción de las reuniones entre las partes. El secretario de Estado John Kerry dijo estar “profundamente preocupado por el deterioro de la situación en Venezuela” al tiempo que pidió “más avances” en el diálogo que se celebra con los buenos oficios de Unasur y el Vaticano. La suspensión de la cita de esta semana parece darles la razón. El vicepresidente Jorge Arreaza dijo que esperan resultados de los equipos que trabajan para poder sentarse la semana que viene. Como un acto reflejo, el Gobierno criticó a Washington porque las declaraciones de su canciller “se prestan para incentivar a los sectores más reaccionarios de la oposición a prolongar acciones violentas al margen de la Constitución”.

///