A juzgar por el flamante escándalo desatado por las inscripciones truchas de militantes en el Padrón Electoral a cargo del Tribunal Supremo Electoral, resulta que ese organismo al margen de ya merecer ninguna credibilidad como árbitro imparcial, acaba de perderla también como simple depositario de nuestros datos identificativos.

La identidad, que por si acaso constituye –de a de veras- un Derecho Humano incluso considerado como operativo por su capacidad para facilitar el ejercicio de otros de similar calado; abarca el derecho de tener un nombre y apellido, nacionalidad y, vaya paradoja, el de ser inscrito en un registro público. Forma parte de los atributos de la personalidad humana.

En ese sentido, la CPE proclama el derecho de todo ser humano a gozar de su personalidad y capacidad jurídica, sin distinción alguna; la Convención Americana de DDHH el reconocimiento de la personalidad jurídica de todas las personas y la Declaración Universal de DDHH –que pronto festejará su 70 cumpleaños- la plenitud de derechos y libertades.

Pues bien, liberal -sin complejos, por si acaso- como me declaro, defiendo la idea que si bien el estado es un mal necesario (Popper) lo mejor que puede pasarnos es que se entrometa lo menos posible con nosotros. Ya que no hay más remedio que los registros públicos almacenen nuestros datos, debieran asegurar su resguardo y uso correcto.

En el caso, el estado fracasó demostrablemente otra vez, pues más allá del detestable rol que los partidos políticos jugaron en el tema (al que me refiero más adelante), el principal responsable, por su rol de garante de los datos registrados de los ciudadanos, se aplazó al no poder garantizar su adecuado manejo, permitiendo sean mal usados, sin el consentimiento de sus titulares legítimos: los ciudadanos. Si han sido truchados de la manera recién conocida, surgen dudas respecto otros posibles usos dolosos, en otros escenarios y registros. El gran hermano que delira con registrar y controlar todo, ha resultado ser un completo irresponsable.

Pero y qué de los partidos políticos? Resultaron de la misma calaña, pues han perpetrado una cadena de delitos electorales previstos por la Ley No. 026 de Régimen Electoral de 2010 que describe y castiga precisamente bajo la denominación de “Delitos Electorales”, a quien(es): a) manipulen o alteren la introducción, procesamiento, transferencia o supresión de datos informáticos consignados en un registro electoral oficial, conduzca a error o evite su uso correcto; b) altere o modifique datos del Padrón Electoral; y, c) cometa delito de falsedad ideológica y/o material o utilizara documentos falsificados para fines electorales.

¿Será que el Ministerio Público da con los autores? Tratándose de delitos de orden público, la Fiscalía enfrenta la enorme responsabilidad de investigar y llevar a juzgamiento a los autores de las falsedades y negligencias. Asumo que la investigación no será complicada pues bastará identificar a los respectivos responsables de cada libro y/o a quienes los validaron, así sea aleatoriamente, dada la cantidad de ciudadanos perjudicados.

Urge si aún podemos considerarnos un estado serio, que otorga seguridad jurídica a todos sus ciudadanos sean o no de algún partido, piensen como piensen y mantengan una relación con el régimen en los términos que les plazca, que el sistema electoral y judicial tenga la capacidad para descubrir lo realmente sucedido y a sus responsables. Lo contrario, probaría una vez más que: “Compartimos la vida con personas que se sienten seguras con más controles y, no se dan cuenta de que van camino a la de la inseguridad más absoluta, al caer en manos de un estado gendarme”. ZAFFARONI