El 1 de octubre de este año, caímos en la cuenta de que desde 1920, la diplomacia chilena no ha tenido la intención legal de ceder un acceso soberano al mar a nuestro país, contrariamente a lo que parecían expresar sus autoridades durante todos estos años.

“Sin embargo, la Corte no puede concluir, sobre la base del material presentado, que Chile tiene “la obligación de negociar con Bolivia para llegar a un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso totalmente soberano al océano Pacífico” ” [n°175 de la Sentencia Final]. ¿Chile se ha burlado de nosotros desde 1920? ¿Cómo se explica entonces esta política diplomática fría y cruel? Consideremos tres hipótesis y sus correspondientes reacciones diplomáticas.

Primera: la población chilena ignora la política expansionista de sus autoridades de avanzar hacia el norte durante la segunda mitad del siglo XIX hasta lograr la invasión de Antofagasta el 14 de febrero de 1879, porque cuentan con una política educativa que perpetúa esta ignorancia en la mayoría su población, inclinando la opinión pública a su favor.

Es bien sabido que la población “aprende” en la escuela que Bolivia nació a la vida independiente sin salida al mar “porque los límites entre Chile y Bolivia no eran claros”; que “Bolivia perdió la Guerra del Pacífico y como no tenía los medios para pagar los costos de ese enfrentamiento entregó a cambio el Litoral a Chile”; o aún peor, que “Bolivia provocó la Guerra del Pacífico al imponer impuestos a las empresas salitreras chilenas establecidas en territorio boliviano”. (Iván Camarlinghi, Ex cónsul de Bolivia en Chile, 2017)

Lógicamente la gran mayoría de la población adulta sostiene, en conciencia, que no se puede negociar con Bolivia una salida soberana al mar. Solamente una pequeña parte de la población chilena conoce la verdadera y auténtica historia: la iniciativa de las autoridades chilenas de expandirse hacia el norte concebida a mediados del siglo XIX, siguiendo los dictados colonialistas y nacionalistas de las escuelas europeas en las que se formaron los hijos de las élites chilenas. Los dictados iban seguidos por los ejemplos que daban las potencias europeas al adueñarse con éxito de grandes territorios en África y Asia, en un contexto económico dominado por la segunda fase de la Revolución Industrial.

Si la hipótesis se verifica, la única manera de restablecer la verdad histórica sería a través de un esfuerzo titánico de formación de la opinión pública chilena con el apoyo de intelectuales e historiadores. Sólo así las autoridades chilenas podrían someter a Referéndum la consulta sobre la cesión de un acceso soberano al mar para Bolivia. Mientras la gran mayoría de la población chilena viva engañada y al margen de la verdad histórica, sus autoridades no podrán acercarse a nosotros sin el remordimiento de estar traicionando a su propia gente.

El trabajo del equipo boliviano para la Haya ha logrado formar en la opinión pública latinoamericana y europea la idea de que Bolivia nació a la vida republicana con salida al mar y “es la primera vez en la relación entre Chile y Bolivia que una Corte Internacional reconoce que hay un tema pendiente de mediterraneidad” (Carlos Mesa 2018). Pero se requiere formar también la opinión pública.

Segunda hipótesis: la población chilena corrobora la determinación expansionista de sus autoridades pasadas, y se complacen con las consecuencias de la mediterraneidad boliviana y prefiere mantener el statu quo.

En esta hipótesis no se puede considerar a Chile un país amigo. La reacción diplomática correcta sería adoptar una política fría de rechazo y denuncia: nuestras relaciones bilaterales deberían enfriarse aún más, intentando evitar toda relación directa. En los foros multilaterales, la diplomacia debería “mostrar la herida y señalar al agresor”. En el terreno comercial, mover poco a poco la carga de Arica hacia Ilo, donde tiene que llegar el tren bioceánico; controlar la frontera con la fuerza militar y combatir el contrabando de Iquique; desincentivar toda relación comercial, industrial, empresarial, cultural, y social con el vecino astuto.

Ha sido la política diplomática de los últimos cinco años y de otros períodos no tan largos, y solamente ha tenido la fuerza para formar la opinión pública internacional.

Tercera hipótesis: lo decisivo no es conocimiento ni la ignorancia respecto al pasado expansionista de Chile durante la segunda mitad del siglo XIX, sino la convicción de la población chilena de que la cesión a Bolivia de un acceso soberano al mar beneficiaría económicamente a Chile.

Si esta hipótesis fuera verificada, la reacción diplomática correcta parecería ser una política “cálida” de restablecimiento de vínculos nacionales, para lograr el reconocimiento recíproco, estimulando las relaciones comerciales, industriales, culturales, sociales y deportivas. A ello ayudaría el tratamiento conjunto y cordial de la Agenda de los 13 puntos, sin precipitar la solución del tema marítimo. Quedaría por revisar el destino del tren bioceánico, y el traslado de carga de Arica a Illo, y formaría parte de las negociaciones.

También habría que controlar inteligentemente el riesgo de que los empresarios chilenos se “compren” el país, ya que estarían interesados en industrializar el stock de materias primas que poseemos: agua, minerales, litio, madera, gas. En efecto, en ese nuevo contexto la empresa chilena estaría muy interesada en invertir en Bolivia generando empleos en ambos países, con tecnología avanzada y podría convertirse en un socio comercial.

Esta política se ensayó desde 1920 y mientras existían relaciones diplomáticas. No ha dado tampoco mucho rédito al país, porque la opinión pública chilena aún es adversa a Bolivia.

Mientras no se actúe sobre la opinión pública chilena de manera directa y sostenida, la impresión es que no se podrá avanzar. En los meses previos a la sentencia de la Haya, surgieron varias voces chilenas que apoyaron a Bolivia en los medios de comunicación de ese país. Si esta clase de actuaciones se prolongaran por varios años, tendríamos la fórmula para volver a soñar.

La formación de la opinión pública chilena se puede combinar con una política diplomática fría de rechazo y denuncia o, al contrario, con una política “cálida” pero inteligente y patriótica de restablecimiento de las relaciones. Aunque nos repugne, la mejor alternativa es la segunda.