Paola Barriga, la abogada defensora de Franklin Gutiérrez, presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), presentó una solicitud de medidas cautelares a favor del dirigente y su familia en contra del Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Su defensa argumenta que la denuncia está fundada en la “vulneración de los derechos” del principal líder cocalero por su “aprehensión ilegal y arbitraria”. La denuncia será “analizada” por la CIDH, que determinará si acepta o no la solicitud. El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, se usa en situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas. 

"Con el debido respeto se dirige a usted y mediante su autoridad a la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la finalidad de presentar una solicitud de Medidas Cautelares (...) a favor del Sr. Franclin Gutiérrez López, su núcleo familiar y otros miembros de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) en contra del Estado Plurinacional de Bolivia debido a la gravedad y urgencia en que se encuentra el peticionario tras sufrir una aprehensión ilegal y arbitraria que no ha cesado", dice una parte del memorial presentado.

El pasado 28 de agosto, el juez octavo de instrucción en lo Penal, Orlando Rojas, determinó enviar a la cárcel de San Pedro a Gutiérrez, que había sido imputado por los delitos de asesinato en grado de instigación y tentativa, además de portación ilegal de armas, entre otros. Es acusado de ser el autor intelectual de los enfrentamientos suscitados en La Asunta que dejaron el saldo de tres personas heridas, un teniente y dos cocaleros.