Escribo esta opinión cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional apura el tratamiento de la Ley de Ley de Organizaciones Políticas que contiene, entre otras, la realización de elecciones primarias de los binomios presidenciales para el 2019. Incluso, es probable que cuando se la empiece a difundir, la norma ya habrá sido inmediatamente sancionada y promulgada.

Ocurre que pese a los cacareos oficialistas, es evidente que su esperpento jurídico consistente en la SCP No. 084 para meterle no más la inconstitucional candidatura de su jefazo, no ha logrado justificación alguna en términos siquiera racionales peor legales, sino más bien ha puesto en evidencia otra vez el talante dictatorial del régimen. Peor aún, ha desencadenado una multitudinaria reacción ciudadana para el respeto del 21F y del sistema democrático, dejando inerme al ilegal y eterno candidato. Es que las dictaduras no pueden justificarse por ninguna vía.

Pero, como las urgencias del régimen para intentar alargar su impunidad y evitar su ya cantada estrepitosa caída –vean el destape de su aliada Kirchner, por ejemplo- no pueden detenerse a esta altura de su agonía, su mayoría en la Asamblea Legislativa está recorriendo el iter criminis hacia una nueva estrategia envolvente orquestada por el Bachiller que la preside: la Ley de Organizaciones Políticas, por la que de taquito, pretende pasarse por el orto la decisión soberana del NO a la ilegal nueva candidatura, esta vez bajo la modalidad de unas forzadas primarias que resultarían vinculantes para intentar imponerla, pese a todo.

A tal extremo ha degenerado la institucionalidad, que la Asamblea Legislativa ha perdido completamente su razón de existir, bastando recordar que cualquiera sea su nombre –Congreso, Parlamento o ahora ALP- nació varios siglos atrás en Inglaterra, cuando el Rey requería del consentimiento de sus súbditos representados por los parlamentarios, para gobernar. La función parlamentaria además de la legislativa, radica en fiscalizar (no en el encubrimiento o la complicidad) y ahora, está absolutamente secuestrada por el ejecutivo al que sirve y no controla. Por ello, los asambleístas se niegan a sí mismos, simplemente levantando su mano cumpliendo las órdenes de su amo.

Fiel a mi ingenuidad constitucional, hasta la CPE ensangrentada de La Calancha -el papel lo aguanta todo- les franquea entre sus principales funciones, aquella de: “controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas”. Empero, en el pluri, sus parlamentarios han prostituido su rol, para convertirse en filibusteros.

El filibusterismo consiste en cualquier forma de obstruccionismo parlamentario o de interpretación interesada de los reglamentos y usos parlamentarios, que resulte favorable a un bando. Tratándose de la flamante norma, por mucho que se la adorne de algunos retoques cosméticos, nadie con un mínimo de sentido común, omite reparar que su único propósito es birlar la decisión del soberano en el 21F.

La ley, que debiera ser la máxima expresión del bien común, en ejercicio de la actual función parlamentaria, se ha vuelto usualmente en una vil trampa –estrategia envolvente, en las finas palabras del Bachiller- para incumplir no sólo la CPE que prohíbe la relección ad eternum, sino también para desconocer arteramente la voluntad soberana: “El populismo es una degeneración de la democracia, que puede acabar con ella desde adentro”. Vargas Llosa