Coincidiendo con mis disfrutes académicos, aproveché mi estadía en la sede para asistir al foro: “Una Fiscalía Autónoma para una Justicia Independiente” organizado por las Fundaciones para el Debido Proceso; Construir, Tribuna Constitucional y otras, con motivo de la próxima elección del nuevo Fiscal General de Bolivia, toda vez que el actual, culmina su, para mi gusto, nefasta gestión, caracterizada por su falta de objetividad, a causa de su obediencia partidaria, fundamentalmente.

¿Será que el régimen se apresta a repetir (nos) la dosis? ¿La administración de justicia penal boliviana soportará un nuevo ciclo con un nuevo gatillador fiscal? ¿Cuántos estragos más aguantarán el sistema y el Ministerio Fiscal? Son algunas de las interrogantes que surgen a propósito de esta nueva elección, en la que huelo, le será imposible al régimen, que por muy debilitado que está, aún controla espacios que le permiten designar a su gusto a sus operadores, así sea disfrazados de magistrados, jueces o…fiscales. Así las cosas, me parece poco probable deje pasar esta ocasión para tener otro servidor, no público, sino del partido y, por tanto, para sus intereses y no los de la sociedad.

Considérese que como salió en el evento, no importa quien finalmente sea el nuevo FGE, sino el conjunto de elementos que rodean el funcionamiento de la Fiscalía y podrían asegurar cumpla sus fines constitucionales u otra vez, fracase. Dado lo que aún queda del sistema acusatorio, la Fiscalía es la institución clave a controlar por su principio de jerarquía y unidad, que hace sea mucho más dirigible: tiene la llave para abrir las causas penales, escoger contra quienes y porqué e incluso, cerrarlas. Tremendo poder, que cuando cae en garras partidarias irresponsables e inescrupulosas (como acaece actualmente), genera graves daños al estado de derecho y al debido proceso y, por supuesto, a los derechos ciudadanos.

Afortunadamente, no existe posibilidad constitucional de relección (art. 228 de la CPE) e incluso, sus conmilitones acaban de bajarle el pulgar, al margen que ya venció el plazo para renunciar y habilitarse, así como a sus delfines, que siguen en sus cargos.

De ahí que sea importante considerar, a la vista de los daños causados, que la elección que se viene constituye una decisión de alto interés público. Siguiendo los parámetros interamericanos, la autonomía del Ministerio Público y de su cabeza, resulta clave para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, el debido proceso a los imputados (sin importar sean o no del partido de gobierno) y, cumplir el deber estatal de investigar, perseguir y sancionar los delitos y violaciones de DDHH (incluyendo las causadas por el gobierno). Adviértase que precisamente en esos rubros, la actual gestión fiscal ha fracasado ostensiblemente, pues ha sido el principal ejecutor del derecho penal del enemigo en Bolivia, garantizando impunidad para sus compañeros del partido y, la aplicación irrazonable y desproporcionada del ius puniendi, contra quienes su jefazo y Cia, les bajan el pulgar (el último, Carlos D. Mesa).

Por ello, la autonomía o independencia fiscal es absolutamente determinante para el cumplimiento, siquiera, regular de su misión. Autonomía respecto de todos los órganos estatales y otras fuentes de poder; aunque como en Bolivia el régimen sojuzga a todos, no queda mucho espacio de libertad, empero, de mantenerse las estrategias envolventes, el daño podría ser irreversible. ¿Los asambleístas estarán esta vez, a la altura de las circunstancias y del desafío? Amanecerá y veremos…para que no siga ocurriendo como describe KEMP SUAREZ: “Algunos fiscales y jueces hacen ahora el papel que antes hacían los esbirros y sicarios del Ministerio de Gobierno”.