La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó remitir a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el requerimiento acusatorio en contra de Carlos Mesa para que sea esa instancia la que autorice, o no, el inicio de un juicio de responsabilidades en contra del expresidente por el caso Quiborax.

Tras una sesión que se alargó por poco más de una hora, la Sala Plena del TSJ ratificó lo que ayer había determinado su Sala Penal, en sentido de recomendar la apertura del juicio de responsabilidades  en contra del expresidente Carlos Mesa  por supuestos delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, y conducta antieconómica.

“La Sala Plena consideró el informe y la consulta emitida por la Sala Penal y ha emitido la resolución disponiendo el requerimiento acusatorio a la Asamblea Legislativa Plurinacional a efectos de que ella determine lo que corresponda en el marco de sus competencias”, aseveró el presidente del TSJ, José Antonio Revilla, al salir de la sesión.

Si hay autorización de juicio en la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General comenzará la investigación formal, imputar y pedir medidas cautelares para Carlos Mesa y dentro del plazo de seis meses emitir una acusación o en su caso el archivo de la demanda si no encuentra indicios de responsabilidad.

Por eso, Revilla señaló que para el TSJ el caso "está cerrado".

"La Sala Plena aprobó la resolución de remisión del requerimiento acusatorio en contra del expresidente Carlos Mesa. Para el Tribunal Supremo de Justicia el caso está cerrado en esta etapa de antejuicio", agregó el presidente del TSJ.

Cabe recordar que la Fiscalía presentó hace poco más de dos semanas un requerimiento acusatorio en contra de Carlos Mesa por haber generado las condiciones para que el Estado sea obligado a pagar 42,6 millones de dólares a la empresa chilena que demandó un arbitraje internacional.

Antecedentes del caso Quiborax

La empresa chilena Quiborax, representada por el estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, comenzó a operar en Bolivia hace más de 16 años explotando ulexita en el Salar de Uyuni, en Potosí, a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA.

Sin embargo, en 2004, tras la emisión del Decreto Supremo 27589 durante el Gobierno de Mesa, se determinó revertir las concesiones mineras que tenía Quiborax en esa región potosina.

En 2006, al no lograrse acuerdos de compensación con el Gobierno, la empresa chilena demandó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) a Bolivia por 66 millones de dólares.

En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax, estableciendo en 48,6 millones de dólares el monto de indemnización. Bolivia apeló de inmediato; sin embargo, el 18 de mayo de 2018, Ciadi desahució el laudo nacional y a través de un fallo confirmó los montos establecidos en 2015.

El Gobierno boliviano cumplió con el fallo que dictó el Ciadi y acordó un pago de 42,6 millones de dólares a la empresa chilena, tras un acuerdo con la misma.