El expresidente del Estado, Carlos Mesa, reveló hoy que durante su Gobierno se intentó realizar auditorías a la empresa Non Metallic Minerals (NMM)- Quiborax, pero éstas fueron bloquedas por la misma compañía chilena.

“En nuestra gestión se llevaron a cabo auditorias sobre NMM. Aquellas que no pudieron concluirse tuvieron que ver con el bloqueo expreso por parte de la empresa auditada que se negó a proveer la información solicitada, o que simple y llanamente cerró sus puertas a los funcionarios de Gobierno en sus precarias instalaciones en el lugar de explotación de las reservas de ulexita que exportaba ilegalmente a Chile”, señala el también vocero de la demanda marítima mediante un nuevo escrito en su blog.

No obstante, agrega que “tales trabajos no eran necesarios porque la anulación (de las concesiones de NMM) se hizo al comprobarse la ilegalidad absoluta de las concesiones, hecho que eximía de cualquier investigación o comprobación ulterior por parte del Gobierno, para proceder a la anulación de las once concesiones de NMM”.

Asimismo, en su escrito, Mesa reitera sus argumentos para defender la legalidad y validez de su Decreto Supremo 27589 del 23 de junio de 2004, que definió la expulsión de la empresa NMM del Salar de Uyuni.

“Es difícil encontrar un caso más flagrante de la acción canalla de un Gobierno y unos funcionarios que cometieron delitos de complicidad con una empresa extranjera, que defendieron de manera vergonzosa los intereses del país, con probadas irregularidades en el proceso internacional de más de una década y que, de la manera más desvergonzada, tratan -basados en su impunidad y en el manejo de la justicia como una oficina servil a sus intereses-  de endilgarme, sin el menor respaldo jurídico, su responsabilidad, la de regalarle 42,6 millones de dólares a unos empresarios y a una empresa pirata”, agrega el exmandatario.

La Fiscalía presentó hace dos semanas un requerimiento acusatorio en contra de Carlos Mesa por supuestos delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica, entre otros, por haber generado las condiciones para que el Estado sea obligado a pagar 42,6 millones de dólares a la empresa chilena que demandó un arbitraje internacional.

El requerimiento debe ser aprobado por la Sala Plena del TSJ para luego ser avalada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).