El expresidente del Estado y actual vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, ofreció una entrevista a Amalia Pando para hablar del caso Quiborax, Camargo Correa, entre otros.

A tiempo de explicar todas las irregularidades que se presentaron en la defensa boliviana sobre Quiborax – como la falsificación de documentos- Mesa se sinceró y señaló que “es consciente” que por este caso puede terminar en prisión, no porque sea responsable del hecho, sino por la manipulación gubernamental de la justicia.

“No quiero pensar que iré a la cárcel, pero estoy consciente que puede ocurrir (…) por supuesto que me preocupa y me asusta, pero estoy con la convicción de quien lucha por una causa justa”, señaló, tras una consulta de la periodista.

Asimismo, Mesa ratificó su postura de ser un defensor militante del 21 – F y recalcó que constitucionalmente el presidente Evo Morales no puede repostular a la presidencia del Estado.

“Yo me comprometo con una acción directa, personal con el tema del 21- F, yo soy un militante de esta causa, pero si la ciudadanía cree que yo puedo liderar este movimiento lo haré", sentenció.

En ese sentido, evitó referirse a una posible candidatura presidencial ya que, dijo, que anunciarla sería igual a decir que “el 21- F fue superado”.

El lunes, la Fiscalía General del Estado decidió aceptar la proposición acusatoria presentada por la Procuraduría General del Estado en contra de Carlos Mesa por el caso Quiborax y presentó un requerimiento Acusatorio de Juicio de Responsabilidades al Tribunal Supremo de Justicia por los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes; Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica.

Según el procedimiento legal, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) deberá autorizar el juicio de responsabilidades para que la Fiscalía General del Estado inicie la investigación del caso Quiborax.

Cabe recordar que el pasado 22 de mayo, la Procuraduría presentó ante el Ministerio Público una proposición acusatoria contra Mesa por considerarlo responsable de que la empresa Quiborax haya denunciado al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y por el que el país tuvo que pagar una indemnización de 42, 6 millones de dólares.