La Bancada de Unidad Demócrata (UD) mandó un requerimiento al presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales,  para que el Proyecto de modificación de la Ley del Órgano Electoral sea sometida a una consulta previa de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El mencionado Proyecto de Ley, que ya fue aprobado en detalle por la Cámara de Diputados, generó polémica específicamente por su artículo 79 que señala que:

“La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (AGETIC), en el marco de la implementación del Gobierno electrónico, a través de la Plataforma de Interoperabilidad que administra, brindará a las entidades públicas en el marco de sus atribuciones, acceso a servicios de consulta en línea de los datos de nacimiento, estado civil, filiación, registro biométrico y de defunción de las personas naturales registradas en la base de datos del SERECI, en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral y en el marco de la normativa vigente”.

En ese sentido, expertos advirtieron que la Ley tiene que ser acompañada de un marco legal de protección de datos personales que garantice los derechos digitales de la ciudadanía.

En ese marco, los senadores de la bancada de UD – Óscar Ortiz, Arturo Murillo, Yerko Nuñez, Jeanine Añez y  María Elva Pinckert- solicitaron “remitir esta iniciativa legislativa en consulta al máximo Tribunal de Bolivia, a fin de realizarse una revisión material y exhaustiva para verificar si sus disposiciones están subordinadas a la Constitución”.

Asimismo, la bancada opositora añade que el proyecto de ley no ha seguido el proceso Legislativo de socialización y consulta ante la ciudadanía.

Y advierte que “la AGETIC, dependiente del Ministerio de la Presidencia, no estaría autorizada constitucional ni legalmente para brindar la información de datos a las instituciones públicas, tomando en cuenta además que vulneraría el principio de “Reserva Legal”.

“Asimismo, existiría una vulneración al derecho fundamental a la identidad y a la privacidad, al brindar datos sin el consentimiento de los ciudadanos”, añade la nota remitida al Presidente de la Cámara Alta.