El proceso que inició el Viceministerio de lucha contra la Corrupción contra Pablo Solón y Rafael Archondo por supuesto incumplimiento de deberes y anticipación o prolongación de funciones fue rechazado por la fiscal de materia. La decisión se basa en el vencimiento de plazos e inexistencia de elementos que sustenten la denuncia.

La fiscal de materia Magaly Bustamente presentó una resolución en la que “rechaza la denuncia a favor de: Rafael José Archondo y Pablo Erick Solón Romero Aroza por el supuesto delito de incumplimiento de deberes y anticipación o prolongación de funciones tipificado por los art. 154 y 163 del Código Penal”.

El documento señala que la decisión se basa en que estaban “vencidos los plazos previstos y permitidos por ley para la etapa preparatorio y las investigaciones preliminares, habiéndose superado el tiempo prudente establecido de manera superabundante y verificando que no se tiene elementos suficientes que sustenten la denuncia, tanto en la existencia real del acto delincuencial tipificado, como de la participación del encausado en el mismo”.

La denuncia fue interpuesta el 26 de septiembre de 2016 por José Antonio Flores Gonzales, quien entonces era el Viceministro a.i. de Lucha contra la Corrupción, señalando que Solón habría dejado a Archondo en el puesto Embajador de Bolivia ante la ONU cuando dejó el cargo, indicando que el nombramiento de éstos no era su función. Archondo era entonces el representante alterno de Bolivia ante la ONU y asumió el cargo de embajador el 2011 durante 14 meses tras la renuncia de Solón, quien se desempeñó en la ONU entre 2009 y 2011.

Solón sostiene que las autoridades bolivianas conocían esta situación y presentó en su defensa 103 cartas oficiales de altas autoridades y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores en las que se dirigían a Archondo como representante permanente alterno de la misión de Bolivia y en la que se usaba el denominativo de “embajador”. En pasadas ocasiones habría dicho en su defensa que este proceso habría prescrito.

La resolución señala que el proceso “puede ser abierto en un año en base a nuevos elementos de convicción”. En una publicación de la fundación que dirige, Solón señala que “el caso no está terminado. Muchas cosas pueden pasar”, y agrega que el Ministerio de Justicia tiene 5 días para objetar esta resolución ante el Fiscal Departamental, y éste, a su vez, 10 días para revocar o ratificar el rechazo. “Sin embargo, hoy nadie me borra esta sonrisa”, concluyó.

Por su parte, ARchondo también señaló que “nadie nos borra la sonrisa” y escribió en las redes sociales que “se acaba de desmoronar el mamarracho jurídico orientado a acallaros. Salud, dignidad y lucha. Gracias a todos los que alzaron su voz contra la injusticia”.