Tráfico de especies
Vanessa Vélez Loza
02/03/2018 - 13:55

Activistas consideran que la normativa boliviana no protege al jaguar

Consideran que no existe una normativa que proteja a este animal y no descartan aplicar castigos de justicia comunitaria para quienes comercian con esta especie.

Los activistas se reunieron en la APDHB. Foto: Indymedia Bolivia (captura de pantalla).

Activista por los animales y dirigentes de los pueblos indígenas manifestaron su preocupación por la caza y tráfico de jaguares en la Amazonía boliviana. Consideran que no existe una normativa que proteja a este animal y no descartan aplicar castigos de justicia comunitaria para quienes comercian con esta especie animal.

Con motivo del Día Mundial de la Vida Silvestre, que se conmemora el 3 de marzo, activistas y dirigentes indígenas llamaron a la conferencia “Día de la Fauna Silvestres, Alerta Jaguar”, en la que expresaron su preocupación por el incremento de la caza de este animal y el peligro en el que se encuentra. El abogado Fernando Guachalla, del colectivo Alianza Animalista, señaló que el jaguar amazónico (panthera onca) no está protegido por la legislación nacional ni ha sido declarado patrimonio cultural del Estado boliviano.

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Llama a una modificación del Código Penal para incluir el tráfico de especies en los delitos medioambientales. Sostiene que al art. 233 del Código Penal sobre “Destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional” que es con el que se juzga al tráfico de especies, “no es específico de especies, como es el caso del jaguar”. Indicó que incluso existe normativa promulgada durante el primer gobierno de Hugo Banzer sobre cacería.

Por su parte, el dirigente del pueblo San José de Uchupiamonas, Alex Villca, cuestionó que la pena para el tráfico de animales sea sólo de 3 a 6 años, calificándola de “mínima”. Indicó que no han descartado “aplicar la justicia indigna originaria como medida más próxima si es que encontramos estos cazadores y si no hay las denuncias no prosperan” e indicó que los pobladores consideran que incluso en los casos que han sido llevados ante instancias judiciales han logrado salir de los procesos. “Estamos ante una ausencia total de parte del Estado, nos queda defendernos a los ciudadanos en el áreas rural”, manifestó.

Asimismo, señaló que en las comunidades indígenas se han organizado para controlar la caza de jaguar, pero les faltan los recursos. “Estamos haciendo el mayor de esfuerzos, hemos sido los guardianas absolutos de conserva bosques, de conservar la biodiversidad, ríos, montañas, pero no podemos hacerlo solos ahora porque las políticas de gobierno están poniéndonos en alerta máxima con la lógica de desarrollo”.

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El tráfico de especies, y especialmente de colmillos de jaguar, ha sido un tema recurrente de los últimos años. El pasado 23 de febrero, la Policía reportó que encontraron 185 colmillos de jaguar, garras y cueros, además de partes de otras especies como leopardos y cobras. “Como habitante del Madidi, hace tres o cuatro años en las rutas que hacemos de recorridos ecoturísticos la observación de jaguar era bastante alta, en los últimos años, la posiilidad de poder observar un jaguar ha disminuido notablemente”, señaló Villca.

La Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas, dependiente del Minsiterio de Medio Ambiente y Agua, informó hoy que desde el año 2008 se han desarrollado 65 proceos legales por delitos contra la fauna silvestre.

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