Ortiz informa que el fallido Código Penal costó 879 mil bolivianos
El TGN financió el 16% del costo total de la norma; el resto fue financiado por la cooperación extranjera.
El senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, informó hoy que el Código del Sistma Penal – abrogado por el presidente Evo Morales a principios de año- costó 879 mil bolivianos, según la información que le proporcionaron los presidentes de las dos cámaras legislativas.
Del costo total, detalló Ortiz, el Tesoro General de la Nación (TGN) financió el 16% (143 mil bolivianos) a través de la Vicepresidencia: el resto fue financiado por la cooperación internacional (736 mil bolivianos).
Por otro lado, según los datos revelados por Ortiz, la mayor parte del dinero erogado, 586.496 bolivianos, se destinó a consultores; mientras que 292.981 bolivianos fueron para realizar eventos de difusión.
Del dinero destinado a consultores, 379.476 bolivianos se pagaron a consultores extranjeros, entre ellos destaca el argentino Alberto Binder, con 156.857 bolivianos. Binder es doctor en derecho, fundador y presidente del INECIP, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Ha sido asesor técnico en los procesos de reforma judicial en Argentina, Chile, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y otros países de América Latina; y es asesor de organismos de cooperación internacional en temas de reforma judicial. Autor de numerosas obras de la especialidad.
Mientras que cinco consultores nacionales cobraron 207 mil bolivianos por contratos que no superaron los 20 días de trabajo, excepto en un caso, explicó Ortiz.
“Todos estos contratos fueron suscritos directamente por la Vicepresidencia del Estado, por contratación directa”, dijo Ortíz y lamentó que no se hubiera realizado “una convocatoria competitiva para que los mejores expertos en derecho penal se hubieran presentado”.
El vicepresidente Álvaro García Linera promulgó la polémica norma el 15 de diciembre de 2017. Sin embargo, el 21 de enero de este año y tras el rechazo de distintos sectores de la sociedad, el presidente del Estado Evo Morales instruyó que se abrogue la norma.