La Paz, 29 de julio (Oxígeno).- La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez,  propuso, este martes, la aplicación del referéndum revocatorio para toda autoridad judicial que comenta contravenciones a la ley. La  propuesta fue dada a conocer tras la suspensión de las magistradas del Tribunal Constitucional, Soraida Chanez y Ligia Velásquez.

“Estamos viendo ir a un revocatorio, ellos fueron elegidos por el pueblo y será el pueblo quien defina si realmente esas personas tengan que ser revocadas, aquí no será una situación unilateral, el Gobierno no actuará a dedazo, ni arbitrariamente, será el pueblo quien decida si estas autoridades judiciales se tiene que ir o se quedan”, apuntó en rueda de prensa.

El fin de semana, la Ministra de Justicia informó que existe la posibilidad de modificar la Constitución para viabilizar el revocatorio de los magistrados electos por voto popular.

El 16 de octubre de 2011, la población boliviana acudió a las urnas, por primera vez en la historia, para elegir mediante el voto universal a las autoridades judiciales del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Juicio de responsabilidades

La presidenta de la Asociación de Notarios de Potosí, Norka Soto y la titular del Tribunal de Honor de la Asociación del Notariado Boliviano, Geovanna Udaeta España, activaron la primera semana de junio un proceso de  juicio de responsabilidades contra Gualberto Cusi, Soraida Chanez y Mónica Velásquez, magistrados del Tribunal Constitucional (TC), por poner en suspenso la aplicación de la Ley Notariado Plurinacional.

“Esta situación la tomamos con un ejemplo para que vean cómo está funcionando la justicia, en las aberraciones a la que llegan”, expresó la autoridad gubernamnetal.

Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional, Efren Choque Capuma, salió de defensa de  sus dos colegas suspendidas y aseguró que la decisión de suspender crea inestabilidad institucional e inseguridad jurídica.

“La medida genera una crisis institucional que afecta a la aplicación de la justicia constitucional de pueblo, fundamentalmente a su estabilidad institucional, por lo que es precisó que los parlamentarios respeten los derechos fundamentales de las dos magistradas, otorgándoles el derecho a la defensa y el debido proceso", afirmó.

El revocatorio

El parágrafo II de Artículo 11 de la Constitución en su inciso 1 indica que la democracia se ejerce de forma directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa.

Asimismo, el Artículo 240 en su parágrafo I cita: “Toda persona que ejerza un cargo electo podrá ser revocada de su mandato, excepto el Órgano Judicial, de acuerdo con la ley”.

A esto se añade la Ley de Régimen Electoral que en su texto interpreta a la revocatoria de mandato como “el mecanismo constitucional a través del cual el pueblo soberano decide, mediante sufragio universal, sobre la continuidad o el cese de funciones de las autoridades elegidas por voto ciudadano”.

“Se aplica a todas las autoridades electas por voto popular, titulares y suplentes, a nivel nacional, departamental, regional o municipal. No procede respecto de las autoridades del Órgano Judicial ni del Tribunal Constitucional Plurinacional”, cita el parágrafo II del Artículo 25 de la norma.

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