La Paz, 22 de julio (Oxígeno).- El director de la Administración Tributaria Municipal de La Paz, Ronald Cortez, aseguró este martes que en Bolivia circulan aproximadamente 40 mil vehículos indocumentados, más conocidos como “chutos”.

“Cuando el problema estaba en su auge existían unos 120 mil vehículos de los que según la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) 70 a 80 mil habían logrado obtener su respectiva regularización, por lo que quedaban unos 40 mil que no habían obtenido la legalización”, aseveró.

Remarcó que los municipios no tienen una competencia específica para controlar vehículos indocumentados y pese a que existe un mayor control en la ciudad, sugirió a la Asamblea Legislativa cambiar las normativas y otorgar otro tipo de competencias a los gobiernos municipales para que se puedan incautar estos automóviles y devolverlos a la Aduana Nacional o a la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove).

“Incluso tuvimos problemas para controlar el pago de impuestos y del retiro de placas de vehículos con deudas tributarias, ya que no hay una normativa efectiva”, acotó.

La autoridad edil consideró que esta situación provoca el “rebrote” de los vehículos indocumentados.

Por su parte, el diputado disidente del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) y representante de los importadores bolivianos de productos de Chile, Ever Moya, sostuvo que en el país existe alrededor de 100 mil motorizados indocumentados, por lo que propone su nacionalización a través de un proyecto de Ley.

“Tenemos 100 mil autos indocumentados en el país, diariamente ingresan 100 vehículos por nuestras fronteras, y lo podemos corroborar simplemente con que la Aduana  pida informe a Zofri Iquique de cuantos  vehículos se facturaron”, sostuvo.

El viernes de la semana anterior, la presidenta de la ANB, Marlene Ardaya, informó que se identificó a 33.697 placas ilegales en todo el país, entre clonadas, inválidas, indocumentadas además de las inexistentes.

Anunció que los propietarios que no puedan avalar la legalidad de sus motorizados serán sancionados con la suspensión en la provisión de carburantes, además de la incautación. Los operativos iniciaron el lunes.