Dado que en muchos casos la policía es la institución pública con la que los ciudadanos tienen un contacto más directo y la cara del Estado frente a la comunidad, un paso fundamental en esos procesos de reforma institucional es, precisamente, su reforma. Es un hecho conocido que muchas de las instituciones policiales latinoamericanas tienen problemas serios (corrupción, falta de personal y de recursos tecnológicos y financieros, bajos niveles de profesionalización, capacidades de investigación muy limitadas, entre otros) que les impiden cumplir sus funciones eficaz y eficientemente. En general, esos problemas van de la mano con los que se observan en otras instancias del Estado, especialmente en los sistemas de administración de justicia, cuya incapacidad se evidencia en los altos niveles de impunidad en nuestros países, no solo con respecto a los casos de graves violaciones de derechos humanos o de alto impacto social, sino también y sobre todo en cuanto a delitos cotidianos como los robos y asaltos.

Así, la reforma en las instituciones del sector de la seguridad continúa siendo hasta el día de hoy uno de los desafíos más grandes que tiene no sólo Bolivia, sino los gobiernos de todos los países de la región. La justicia es poco efectiva y poco accesible a la mayoría de los ciudadanos, las capacidades de investigación y solución de casos son pocas, y los sistemas están sobrecargados, entre otras por el acento en una tendencia de “populismo punitivo” que ha llevado al uso excesivo del sistema penal (aumento de penas, del número de conductas tipificadas como delitos, abuso de la prisión preventiva, entre otros), a pesar de que, desde una perspectiva progresista, éste debería ser el último recurso.

En este marco, el más reciente programa de Dos Tercios analiza la reforma policial, profundizando los temas más urgentes que evidencian la necesidad de cambio dentro de la institución policial y que van más allá de solamente la aprobación de normativa o la aplicación de pequeños parches.