El ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que no es posible acudir a instancias internacionales pues la Ley General de la Coca no trata sobre derechos y garantías constitucionales, sino que es parte de la política económica y social.

El Ministro señaló que la ley deriva del artículo 384 de la Constitución Política del Estado (CPE) en el que se establece que Bolivia protege a la hoja de coca en su estado natural y que éste forma parte del capítulo 7mo de la misma, donde se trata el tema de la biodiversidad, las áreas protegidas y los recursos forestales. Por tanto, la ley no está inserta en la declaración de los derechos y garantías constitucionales, sino en las de la política estatal en materia económica y social,

Por lo tanto, consideró que “el anuncio de apelar a un organismo internacional se cae por sí sólo”. Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sólo puede pronunciarse sobre un tema que no sea la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, sostuvo que la acción de inconstitucionalidad presentada sobre esta norma carecería de argumentos jurídicos.

Esto, debido a las declaraciones del presidente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, que después de conocerse la decisión del Tribunal Constitucional, retó al presidente Evo Morales a un debate internacional sobre la hoja de coca.

Romero apeló también a la “conciencia y responsabilidad” de los campesinos tanto de Los Yungas como del Chapar e hizo un llamado público para que se respeten los compromisos y no se incite a la confrontación.