La Paz, 17 de julio (Oxígeno).- El 12 de marzo del 2012, el cuerpo de Juana Quispe  concejala del municipio de Ancoraimes del departamento de La Paz, fue hallado sin vida en un río del altiplano de la ciudad de La Paz con signos de asfixia.

Quispe era acosada políticamente por ediles de esa región para que dejara el cargo. Denunció actos de corrupción de autoridades y ese fue, aparentemente, uno de los motivos por los que la victimaron.

Como este caso de persecución existen otros registrados por el Gobierno nacional. La  viceministra de Autonomías, Gisela López, informó que de acuerdo a datos recientes de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), en el país se han presentado un total de  225 casos reportados desde el 2010 hasta 2013.

Chuquisaca es el departamento donde más casos se han denunciado con un número de 56. El segundo lugar de la lista la tiene el departamento de La Paz con 43 casos. Les siguen los departamentos de Potosí con 41 y Pando con 34.

“Estos registros son los casos que se denuncian, existen casos que no se dan a conocer  y que se resuelven ahí dentro de sus municipios. La mayoría son de violencia bastante dura”, afirmó.

Asimismo, informó que el departamento de Santa Cruz registra un número de 25 denuncias, seguida de Potosí con 13. Oruro cuenta con siete, Beni con cuatro y Oruro con dos.

Los motivos

De acuerdo a López, la mayoría de los casos de violencia y acoso político se producen para evitar que las concejalas o las autoridades no se resistan a renunciar al cargo.

“Vivimos todavía en una sociedad patriarcal  que no permite la inclusión de la mujeres en cargos públicos  y la fiscalización en hechos de corrupción”, indicó.

Algunos casos

Según el periódico Página Siete, el 11 de marzo de este año  Nora Quispe,  concejala del municipio de Achacachi del departamento de La Paz, denunció que tres de sus colegas la golpearon y obligaron a firmar su carta de renuncia por fiscalizar al burgomaestre de esa región, por una presunta adquisición irregular de vehículos.

La concejala presentó una demanda ante el Ministerio Público contra  Ramón Yujra (su suplente), Bernabé Gutiérrez y Miguel Apaza por agresión física. La denuncia también la hizo ante el Defensor del Pueblo.

El 11 de mayo del 2011, el alcalde de Tarvita (Chuquisaca), Wilfredo Ipiña; dos concejales, el presidente del Comité de Vigilancia y otros funcionarios ediles de ese municipio fueron denunciados por obligar a renunciar a la concejala Magda Hasse, en un cabildo. Fue presionada por policías sindicales y tomada de rehén en un coliseo por más de 13 horas.