Los gobiernos municipales de La Paz y El Alto presentaron este jueves un recurso de revocatoria contra la resolución administrativa de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) que amplía un año más la intervención a EPSAS.

Además, solicitaron la recusación del director ejecutivo de esta entidad, Víctor Rico, “porque no es imparcial para tratar este tema”, informó el director de Empresas, Entidades y Servicios Públicos de la Comuna paceña, Martín Fabbri. Argumentó que Rico fue ejecutivo de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) cuya gestión fue base para la intervención de la entidad.

La determinación de la AAPS frenó la puesta en marcha de la empresa Unión Metropolitana por el Agua (UMA), que es impulsada por las dos comunas.

“La resolución, después de un análisis, nos permite concluir que primero es una resolución ilegal, segundo, inconstitucional. Primero, porque coarta las competencias de los gobiernos municipales a ejercer las que están establecidas en la Constitución Política del Estado”, señaló Fabbri.

Añadió que la resolución de la Autoridad de Aguas entra en contradicción en sus propios fundamentos, ya que establece que las alcaldías de La Paz y El Alto no habrían cumplido los plazos para presentar la creación de UMA, pero “la propia resolución establece que el 22 de marzo hemos presentado nuestros requisitos y que el 13 de septiembre se habrían complementado”.

“Por favor, le pedimos a la AAPS que tome criterios jurídicos sobre la Constitución Política del Estado y la Ley Andrés Ibáñez (de Autonomías) que establece textualmente que los servicios de agua deben ser provistos por los gobiernos autónomos municipales. Le pedimos al ingeniero (Rico) que lea el artículo 309 numeral 2 de la Constitución y el artículo 83 de la Ley Marco de Autonomías”, agregó.

La AAPS pide que la creación de UMA cuente con el apoyo de los otros seis gobiernos municipales (Laja, Achocalla, Palca, Mecapaca, Viacha y Pucarani) que conforman la unidad metropolitana de La Paz, por lo que sería necesario que se firmen acuerdos con ellos.

La AAPS tiene ahora 15 días, desde la presentación del recurso, como plazo legal para responder. Caso contrario se presentará un recurso jerárquico y posteriormente un amparo constitucional, adelantó Fabbri.