El ministro de Justicia celebra decisión de destituir a jueces procesados
Según el ministro, los jueces que serán destituidos son aquellos que tienen sentencia condenatoria, acusación formal o más de dos procesos disciplinarios con determinación de suspensión.
El ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, informó que el Ministerio participó en la elaboración del reglamento de evaluación de jueces, que manda el retiro de veintidós (22) vocales y ochenta (80) jueces que tienen algún proceso en su contra. Arce saludo la decisión y pidió al Consejo de la Magistratura que cumpla pronto con esta disposición para garantizar una correcta administración de la justicia.
La autoridad explicó que la Comisión de seguimiento a las conclusiones de la Cumbre Judicial elaboró un proyecto de Reglamento de evaluación de autoridades judiciales, que fue remitido al Consejo de la Magistratura; institución que lo aprobó el viernes, decisión que saludó porque “los jueces que tienen proceso no pueden seguir administrando la justicia”.
Según el ministro, los jueces que serán destituidos son aquellos que tienen sentencia condenatoria, acusación o imputación formal o más de dos procesos disciplinarios con determinación de suspensión, porque no es posible que “jueces procesados o sentenciados sean los encargados de administrar la Justicia”.
“Saludamos y celebramos la determinación del Consejo de la Magistratura, creemos que es un acto que dignifica la Justicia y esperamos que se cumpla en las próximas horas con la mayor rigurosidad posible”, afirmó el ministro Arce.
Arce subrayo que el objetivo central es “sustituir a los jueces procesados, sentenciados, imputados por los mejores jueces que han egresado de la Escuela de Jueces” en la gestión 2017. En el caso de vocales, el Consejo de la Magistratura emitirá convocatoria pública de concurso de méritos y examen de competencia.
La Asociación de Magistrados y Jueces de Bolivia (AMABOL) se declaró en estado de emergencia después que se conociera el anuncio de la destitución de Jueces y Vocales. Las Asociaciones departamentales anunciaron movilizaciones, critican que el reglamento va en contra de la Constitución Política del Estado y vulnera su derecho al debido proceso y la presunción de inocencia.