Defensoría del Pueblo gestiona pedidos de cocaleros de Larecaja
Los productores de coca de las provincias Larecaja e Inquisivi aseguran que son parte de la producción histórica de coca y piden ser incluidos en la Ley General de la Coca.
Defensoría del Pueblo de La Paz realiza gestiones para que los productores de coca de las provincias Larecaja e Inquisivi sean incluidas en la Ley General de la Coca, aseguran que son parte de su producción histórica.
La delegada de la Defensoría del Pueblo de La Paz, Teresa Subieta, informó que se trabaja con las provincias de Larecaja e Inquisivi para que sean tomadas en cuenta en la ley de la coca. Indicó que el contacto con Larecaja comenzó hace un año y con Inquisivi hace 10 días, cuando ellos llegaron a la Sede de Gobierno.
“Hemos pedido al Gobierno que si hay la propuesta de Larecaja, con datos históricos, de que ellos son ancestrales e históricos debieran hacerles entrar”, indicó Subieta. Informó que los productores habrían presentado a las autoridades los documentos históricos que respaldan su producción de coca. “La Defensoría del Pueblo vuelve a insistir que por favor los tomen en cuenta y de que antes de tomar la decisión analicen toda su documentación que lo tienen desde 1500, desde 1600 y desde 1800”, señaló Subieta.
La representante de la Defensoría informó que ella había participado en 3 audiencias que tuvieron con el ministro César Cocarico y que habló con el Director de Conflictos del Ministerio de Gobierno que prometió ayudar “a que esta situación de sus datos históricos se tomara en cuenta en el plenario de la Asamblea Legislativa”, dijo Subieta.
Indicó que su protesta se vio apocada por la de Adepcoca, siendo que ellos habían llegado a la ciudad días antes. La protesta es diferente pues los productores de Larecaja no comercializan su producto a través de dicha organización. Subieta indicó que su mercado es en Sorata y en las minas de la provincia.
Por su parte, el dirigente de los cocaleros, Richard Cahuasiquita, indicó que sus cultivos están reconocidos en la ley 1008 y que comercializan en los mercados de Apolo, Caranavi y en los galpones de Villa Fátima. Explicó que cuentan con una hoja de ruta y un permiso legal del Viceministerio de Sustancias Controladas.