La Central Obrera Boliviana (COB) comenzó las reuniones con los ministros de las áreas en conflicto el lunes de esta semana, pero aún no han conseguido que el gobierno acepte sus demandas; en consecuencia los trabajadores de salud, fabriles y del magisterio han firmado un acuerdo de unidad porque consideran que la COB solo dilata los conflictos.

Por el momento, los trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) han confirmado el paro indefinido desde este lunes 6 de febrero, a pesar de que la COB les pidió por escrito que dejen de la medida de presión mientras duran las negociaciones con el Ministerio de Salud.

Sin embargo, la COB no ha llegado a ningún acuerdo con la ministra de Salud, Ariana Campero, que niega la posibilidad de destituir al gerente de la Caja, Alfredo Jordán, al no conseguir respuesta, los trabajadores confirmaron el paro nacional e indefinido desde el lunes.

El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, anunció que se realizarán las auditorías en la CNS.  "Tanto el Gobierno como la COB coinciden en que se debe realizar auditorías para limpiar la Caja Nacional de Salud no importa caiga quien caiga, este es el requisito inicial para hacer un diagnóstico cabal de la Caja y, posteriormente, realizar una reestructuración e institucionalización de todos los niveles de todos los niveles", dijo en conferencia de prensa.

También aclaró que el Gobierno no rompió el diálogo con el sector movilizado y que se destituyó a dos jefes de unidades de la CNS porque los trabajadores presentaron documentos que los acusan de tener antecedentes de varias irregulares. 

SOBRE EL DESPIDO POR PRE AVISO

En este tema la COB y el Gobierno acordaron que se realizará una modificación del proyecto de Ley de Protección a la Estabilidad Laboral, además se creará una comisión conjunta entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo y el asesor jurídico de los trabajadores quienes presentarán una versión final el lunes 6 de febrero.

El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, afirmó que “se ha coincidido en la necesidad de restituir los derechos de los trabajadores y plantear a la Asamblea la vigencia plena de la sentencia constitucional 1362 del 2013, transformada en una Ley del Estado Plurinacional”.