La Cámara de Diputados aprobó el jueves el Proyecto de Ley del Defensor del Pueblo. El proyecto es una actualización a la norma de 1997 y adecúa las funciones del Defensor a la nueva Constitución Política del Estado (CPE).

Entre las implementaciones de esta ley está que la Defensoría se constituye como el “máximo ente de Derechos Humanos en el país”. Dispone que la institución debe presentar un informe anual y otro cuando el caso amerite, y que los informes al Control Social se ajustarán a las disposiciones de la Ley 341. Establece también la creacción de una delegación de la niñez y adolescencia.

Ratifican que la Defensoría tiene autoridad funcional, financiera y administrativa y que no recibe instrucciones de ninguno de los órganos judiciales, pero sí está sometida al control fiscal. Remarca que el Defensor no será objeto de persecución, detención ni enjuiciamiento por cumplir sus funciones y que  en caso de cometer delitos se aplicará el procedimiento de juzgamiento previsto en la Ley Nº 044 para el juzgamiento de la Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y modificada en parte por la Ley 612”, establece el Proyecto en su artículo 16.

El Proyecto fue remitido por el ex Defensor del Pueblo, Rolando Villena, el 10 de marzo de 2016 y revisado y ajustado según las consideraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia y el Comando General de la Policía Boliviana. Esta norma abrogaría la Ley 1818 del Defensor del Pueblo vigente desde el año 1997.