Trabajadores chilenos piden asilo político en Bolivia
12 dirigentes de Express del Transantiago enfrentarán un juicio por ingresar a las vías del Metro durante una protesta en julio de 2015, podrían ser condenados a 5 años de cárcel.
Dos trabajadores de la empresa estatal chilena Transantiago pidieron asilo político en Bolivia, debían enfrentar un juicio oral este viernes por haber ingresado a las vías del Metro en 2015; este jueves se reunieron con la cónsul boliviana, Magdalena Cajías, quien aún no emitió un criterio oficial.
Dos dirigentes de la empresa Express del Transantiago forman parte de los 12 trabajadores que enfrentarán un juicio oral ante el Séptimo Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago por una infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado cuando ingresaron a las vías del Metro durante una protesta en julio de 2015. La decisión se tomó luego que el Ministerio del Interior impidiera que llegarán a un acuerdo con la Fiscalía.
A través de una declaración pública, los trabajadores denuncian internacionalmente la persecución política por parte del Estado chileno. “Por ello, esta denuncia internacional también se acompaña de una Petición de Asilo para los compañeros que hoy estamos siendo perseguidos por el Estado chileno”, explican.
La petición argumenta que el gobierno de Chile criminalidad el derecho a la protesta; “que un grupo de dirigentes sindicales tengan que acudir al gobierno de Bolivia para buscar protección nos demuestra que la criminalización de los dirigentes sindicales involucra a todo el Estado chileno, al gobierno y al Poder Judicial”, afirman.
CONFLICTO
Los trabajadores podrían ser condenados a cuatro años de presidio, se trata de Sergio Alegría, Cristian Jaramillo, José Luis Guzmán, Rodrigo Quiroga, Jaime Godoy, Edwin Torres, Francisco Martínez, Raúl Ramos, Alex Venegas, Julio Navarro y Ernesto Navarro.
El 12 de junio de 2015, 18 personas descendieron a las vías del Metro a las 6:45 horas, impidiendo el normal funcionamiento del servicio, Carabineros los tomó presos a las 7:05. Según la demanda, la protesta provocó el cierre de cuatro estaciones, afectó a 440 mil usuarios y provocó un daño patrimonial de aproximadamente $104.460.224.