La audiencia de medidas cautelares contra Samuel Doria Medina será el 3 de noviembre por el caso FOCAS y el 9 del mismo mes por el caso ENFE. El político opositor es procesado por incumplimiento de deberes, contratos lesivos contra el Estado y conducta antieconómica.

El Ministerio Público solicitó la detención preventiva de Doria Medina y otros ex funcionarios de Estado por los casos del Fondo de Capital en Áreas Secundarias (FOCAS) y por la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE). La información la dio a conocer la magistrada Maritza Suntura  de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “En este caso el Ministerio Público solicitó detención preventiva para Samuel Jorge Doria Medina, situación jurídica que se analizará en la audiencia pública del día jueves 3 de noviembre”, señaló Sutura respecto al caso FOCAS. La imputación formal se presentó el pasado 13 de octubre.

SAMUEL DENUNCIA PERSECUCIÓN POLÍTICA

Por su parte, Doria Medina presentó una carta abierta a nivel mundial en la que denuncia la “persecución política” y las “acusaciones infundadas del Ministerio Público”. El documento señala que “desde que Samuel Doria Medina iniciara su actividad política de abierta oposición al gobierno del presidente Evo Morales, la persecución política y ataques en su contra han ido en incremento, siendo víctima de agresiones, ataques, expropiaciones e inicio de procesos judiciales”. Añade también que no se conoce exactamente los elementos de la imputación y que, “el Fiscal emite una resolución imponiendo la medida cautelar restrictiva de ‘Anotación Preventiva’ de los bienes propios de Samuel Doria Medina, sin motivación ni justificación ni límite alguno”.

FOCAS era un sistema de prestamos de Estados Unidos, ese país condonó la deuda con Bolivia a cambio de que se conforme una fundación privada. Doria Medina, entonces Ministro de Planeamiento, en 1992, aceptó esta condición. En este caso también están imputados:  Fernando Illanes de la Riva, German Reynaldo Peters Arzabe, Samuel Jorge Doria Medina Auza, Arturo José Beltrán Caballero, Raúl España Smith, Juan Demeure Vander, Antonio Cespedes Toro, Domingo Enrique Ipiña Melgar, Jesús Hernán Antelo Laughlin y German Quiroga Gómez.

El caso ENFE, se refiere a la capitalización de la empresa nacional en 1995, y el caso será tratado por la magistrada Norka Mercado en el TSJ de Sucre. De acuerdo a la denuncia, las ex autoridades acabaron la capitalización, en 1995,  por un precio menor al 50% del referencial a la firma chilena Cruz Blanca.

En este caso, se imputó también a  Germán Reynaldo Peters Arzabe, Jaime Eduardo Villalobos Sanjinés, Jorge Otasevic Toledo, Freddy Teodovic Ortiz, Moisés Jarmusz Levy, Irving Remberto Alcaráz del Castillo, Cristóbal Alfonzo Revollo Thenier, Edgar Ramiro Saravia Durnik, Santiago Atsuro Nishizawa Takano, Jorge Fernando Harriague Urriolagoitia, José Isaac Ardaya Calderón, Adolfo Arturo Dávalos Yoshida, Ramiro Salinas Romero, Julio Cesar Oropeza Bleichner y Franklin Mejía Ríos, por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado y otros. Además, Alfonzo Revollo Thenier y Edgar Ramiro Saravia serán notificados por edicto pues fueron declarados rebeldes.