La comisión de Fiscales encabezada por El Fiscal Superior, José Manuel Gutiérrez, presentó ente el Tribunal Supremo de Justicia la imputación formal en los procesos denominados Caso Focas y Casos Enfe. Entre los 25 acusados está el político opositor, Samuel Doria Medina, su partido emitió un comunicado en el que afirma que se trata de un mecanismo gubernamental para eliminar a los posibles candidatos presidenciales.

A través de su cuenta en Twitter, Doria Mediana afirmó que no hay causa para la imputación. ”Señal que la crisis el Gobierno no la puede contener, agudiza la represión. Fiscalia nos imputa sin causa que lo justifique. La lucha sigue”, escribió.

Su partido, Unidad Nacional (UN), expresó mediante un comunicado que el caso FOCAS fue inventado y promovido por el Movimiento Al Socialismo (MAS) que está enfrentando una “gran crisis política” desde que perdió el referéndum del 21 de febrero.

“Se trata de un proceso que el MAS viene promoviendo hace tres años y como no hay ninguna prueba de manejo antieconómico, ha resuelto enjuiciar a Samuel por ‘incumplimiento de deberes’ por un proceso administrativo que no empezó él, sino que ya estaba allí cuando él se desempeñó como ministro”, dice el comunicado.

Según la explicación de UN, el proyecto de FOCAS era un sistema de préstamos de EEUU a Bolivia, la deuda fue condonada a cambio de que se conforme una fundación privada; propuesta que Doria Medina, como ministro de Planeamiento, aceptó porque era mejor que pagar el crédito. 

LA ACUSACIÓN 

El informe de la Fiscalía establece que en el caso Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas), fue imputado el ciudadano Samuel Doria Medina, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica.

Se investiga el Contrato de préstamo del 8 de octubre de 1992 y la Adenda de 21 de junio de 1993 por el Ministerio de Planeamiento y Coordinación. Asimismo, la resolución del Consejo Nacional de Economía y Planeamiento Nº 138/93 de 7 de julio de 1993.

Los otros 9 imputados son: Arturo Beltrán, Germán Quiroga Gómez, Antonio Céspedes Toro, Enrique Ipiña Melgar, Jesús Herman Antelo Laughlin, Fernando Illanes de la Riva y Reynaldo Peters Arzabe, Raúl España y Juan Demeure Vander.

El documento también se refiere al caso de la capitalización de la extinta Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), en 1995 y la venta de sus acciones por un valor inferior al real, afectando con ello la economía y el patrimonio de todos los bolivianos.

Se presentó imputación formal en contra de 15 personas: Reynaldo Peters Arzabe, Alfonso Revollo Thenier y Jaime Villalobos Sanjinez, Jorge Otasevic Toledo, Freddy Teodovich Ortiz, Moisés Jarmusz Levy, Irving Remberto Alcaraz del Castillo, Alfonso Revollo, Édgar Saravia Durnik, Santiago Atsuro Nishizawa Takano y Jorge Harriague Urriolagoitia, José Isaac Ardaya Calderón, Arturo Dávalos Yoshida y Ramiro Salinas Romero, Julio César Oropeza Bleichner, Franklin Mejía Ríos, Santiago Atsuro Nishizawa y José Isaac Ardaya Calderón.