La Defensoría del Pueblo emitió un informe sobre la situación del abogado Eduardo León que está detenido desde el mes pasado, a pesar de que se emitió una orden de detención domiciliaria que no pudo ser concretada por problemas administrativos. Según el informe, se vulneró su derecho al debido proceso al haber sido detenido por más  tiempo del establecido.

El informe observa las suspensiones de audiencias sin justificación y el que no se haya cumplido la orden de detención domiciliaria; además realiza recomendaciones al Consejo de la Magistratura, al Tribunal de Justicia y a la fiscalía.

OBSERVACIONES

La primera observación del defensor es sobre los cuartos intermedios injustificados en las audiencias que provocaron que el abogado León permanezca en celdas judiciales por siete días. Según el informe: “en clara contravención al plazo de 24 horas que tiene un juez de instrucción en Material Penal para establecer la situación jurídica procesal de un imputado, máxime si éste tiene la calidad de aprehendido”.

La segunda observación se refiere a que la libertad de Eduardo León debía darse  a la conclusión de la audiencia cautelar en la que se determinó detención domiciliaria, pues “correspondía se disponga la libertad del imputado y el cumplimiento de las medidas sustitutivas en un tiempo prudente”.

La Jueza, según la Defensoria, debía haber librado el mandamiento de detención domiciliaria contra el imputado,  “no pudiendo mantenerlo en celdas judiciales argumentando una condición de resguardo y depósito, considerando que las otras medidas eran de cumplimiento en tiempo prudente”

RECOMENDACIONES

La Defensoría recomienda a la Delegación Distrital del Consejo de la Magistratura de La Paz, asumir las acciones administrativas que fuesen pertinentes para establecer la existencia de responsabilidad de todos aquellos jueces de instrucción en lo Penal que no definieron la situación procesal de León dentro del plazo previsto por ley.

También recomienda al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitir un instructivo o circular recordando a todos los Jueces que conozcan de la solicitud de medidas  cautelares con aprehendido, el deber que tienen de definir su situación procesal dentro de plazo previsto por la norma.

Al Fiscal General del Estado y al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, les recuerda la obligación que tienen los funcionarios dependientes de estas reparticiones de colaborar con el ejercicio de las funciones de la Defensoría del Pueblo.