El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, sobre la decisión de la Asamblea Legislativa de iniciar el proceso de selección de la nueva autoridad defensorial que lo suceda, expresó su preocupación por que “la excesiva premura manifestada por el gobierno para elegir a una nueva autoridad puede conducir a que se vulnere la ley”, ya que se estaría hablando de realizar el proceso antes de la conclusión de mandato que finaliza el 13 de mayo de 2016.

Villena explicó que el artículo 13 de la ley 1818 señala que una vez cumplido el mandato la Asamblea Legislativa “declarará la vacancia del cargo” de Defensor del Pueblo y “una  vez determinado el cese de funciones, se iniciará el procedimiento para el nombramiento de un nuevo Defensor del Pueblo, en un plazo no mayor a treinta días”.

La Asamblea Legislativa tratará el miércoles el reglamento del proceso de elección del nuevo Defensor del Pueblo.

PERSONA INDEPENDIENTE

Por otro lado, reiteró su esperanza de que se elija como Defensor o Defensora del Pueblo a una persona independiente, ética, comprometida con los derechos humanos y muy cercanos a las poblaciones vulnerables. “Ojalá la Asamblea no caiga en la tentación de elegir a una persona que responda y obedezca al partido de Gobierno o a sus Jefes, ni directa ni indirectamente, ya que esto sería una aberración inadmisible que afectaría la defensa de los derechos humanos y significaría un nuevo golpe  para la institucionalidad del país”, indicó a través de una nota de prensa.

Villena recordó  que  en 2003 el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada pretendió colocar como Defensor del Pueblo a una persona que respondía a sus intereses y promovió la elección en el Congreso de Iván Zegada. “Esta acción, entre otras de orden estructural, fue la que apresuró la caída del gobierno de Sánchez de Lozada, porque además se generó una fuerte reacción de las instituciones y  de la población que lograron la renuncia al cargo del señor Zegada, a los 15 días de haberse posesionado”, recordó.

Finalmente, señaló que en los 18 años de vida institucional, la ciudadanía ha asumido ya que la Defensoría del Pueblo no es una institución que pueda depender del gobierno, de los partidos o de la voluntad de los Presidentes o Vicepresidentes. “Es una institución que pertenece al pueblo, a la gente y de ninguna manera a los políticos y este principio y definición debe respetarse cuando se elija a la nueva autoridad”, concluyó.